• MANIFESTACIÓN EN LA PLAZA • Familiares de las víctimas apostadas en la plaza Murillo pedían ayer justicia a Unasur.

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Mientras los familiares de las víctimas de lo acontecido en septiembre pedían justicia ayer en la plaza Murillo, dentro del Palacio de Gobierno, Mattarollo presentaba las conclusiones y reco- mendaciones del informe. Estaba rodeado de ministros, jefes policiales y militares, congresistas y medios de comunicación.

“El 11 de septiembre del 2008 en la localidad de Porvenir se cometió una masacre”. Esa fue la primera conclusión a la que arribó la comisión de Unasur. Mattarollo explicó que ese día actua- ron grupos organizados por parte de la Prefectura de Pando que respondían a cadenas de mando.

El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García destacaron el trabajo de Mattarollo. ´Tal vez somos una carga para los países de Unasur para tantas personalidades; una investigación científica sobre la masacre y lo que dijimos se verifica, lo que ha vivido el pueblo boliviano a partir de agosto, septiembre hasta octubre, un intento de un golpe de Estado civil´, dijo el Primer Mandatario.

Mattarollo señaló ayer que hubo masacre porque existió una violación flagrante al derecho a la vida que constituye un crimen de lesa humanidad y porque hubo una clara persecución racial, entre otros factores.

El Poder Ejecutivo acusó a Leopoldo Fernández, prefecto suspendido de Pando, por los hechos de Porvenir. Hoy está recluido en la cárcel de San Pedro.

Sin embargo, la Unasur responsabilizó a la Policía de las muertes en Pando. “Los funcionarios políticos (...) y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque (...) Por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía”, manifestó.

Sin embargo, el informe refleja que durante la investigación, la comisión recogió más testimonios de campesinos que de personas afines a la Prefectura.

Así, el senador de Podemos Óscar Ortiz denunció que en Brasilea (Brasil), los comisionados eligieron sólo a cuatro personas refugiadas para que viertan sus testimonios.

Mattarollo dijo que se escucharon las versiones de ambas partes del conflicto. Afirmó que la comisión entrevistó al ex prefecto Leopoldo Fernández y a las personas que están en Brasilea.

Además, remarcó que los delitos, especificados por el informe, son ordinarios y no de función. “La función pública no consiste en alterar la vida”. Dicho argumento coincide con la posici{on de rechazar el juicio de responsabilidades a Fernández.

Sobre la muerte de dos funcionarios de la Prefectura, Pedro Oshiro y Alfredo Robles Céspedes, el comisionado indicó que hay versiones contradictorias acerca de su muerte, pero que ambos presentaban heridas de armas de fuego en sus cuerpos. Recomendó que se haga una investigación profunda al respecto.

Miguel Rivero, hermano del pastor que falleció en el aeropuerto, el 12 de septiembre, calificó el informe de Unasur como “basura” y reclamó porque la comisión no escuchó sus denuncias, según la red ATB, anoche.

El vicepresidente de la República, Álvaro García, defendió el trabajo de investigación de la comisión de Unasur y afirmó que fue imparcial y profesional.

Anoche, el vocero de la Iglesia Católica en Pando, Pablo Sulzy, dijo que los campesinos tenían armas. Mattarollo informó que no hay pruebas ni tampoco indicios que revelen que los campesinos estaban armados. Uno de los fiscales que investiga los hechos de Pando, Félix Peralta, indicó que el informe de Unasur se tomará en cuenta para la indagación que realiza la Fiscalía.

Tres de 10 conclusiones de la comisión

Muertos. De esa masacre fueron víctimas fatales un número no establecido de campesinos. El número enteramente comprobado (...) es de 20.

Organización. Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal.

Delitos. A la luz de los hechos, la comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia (...) Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

Datos del informe

Actividades • El 15 de octubre hubo otra visita a Pando. Se realizó una entrevista a Rafael Vidal, defensor del Pueblo en Pando. Indicó tres factores para la escalada de violencia: acción de autoridades de Filadelfia (MAS), del prefecto Fernández y personas ajenas a la zona.

Quintana • El 25 de octubre, el Ministro de la Presidencia recibió a la comisión. Expuso los antecedentes políticos, económicos, institucionales de los sucesos de Pando. Se refirió especialmente al esquema de poder montado por el ex prefecto de Pando (Fernández).

11 de septiembre • Hay dos momentos: en las primeras horas con intentos de grupos prefecturales y cívicos de impedir la marcha.... generándose toma de rehenes por parte de campesinos y la muerte de dos ciudadanos de Porvenir. Alrededor del mediodía, la masacre.

Ahogados • El testimonio de Eduardo de la Vía y Luis Alberto Sequeiros dice: “Hubo ocho muertos en el hospital (...) de los seis cadáveres que fueron dejados en la morgue, dos de los cuales tenían signos de haber fallecido por sumersión (...) y dos entraron con vida (...)”.

Muertos • El listado “debe considerarse sujeto a futura corroboración”. Se mencionan 19 nombres y tres “casos especiales de carácter dudoso”, entre ellos el Cochalo que fue velado en la Federación de Campesinos, según testimonios; un NN y Wilson Sarzuri.

El sistema judicial • “Respecto de la actuación del sistema judicial penal, esta comisión considera ineludible resaltar que exhibe aspectos de marcada ineficacia (...). En Pando se han puesto de manifiesto: falta en general de recursos e infraestructura adecuada; falta de inmediatez en la actuación fiscal y judicial, ausencia del representante de la Fiscalía el momento de los hechos (...) No se ha materializado ninguna detención de sospechosos como autores directos (...)”.

Puntos de vista

“Parcializado e irresponsable”
Jorge Ortiz.
Presidente del Senado Nacional.

“Me parece un informe absolutamente parcializado e irresponsable que busca darle un cheque en blanco al gobierno de Evo Morales para desarrollar cualquier acto de violencia en el país. En ninguna parte del informe se establece que se hubiera investigado a las autoridades del Gobierno. Tampoco se investigó la muerte de personas no afines al MAS”.

“La justicia debe ser para todos”
CELIMA TORRICO.
Ministra de Justicia.

“Ojalá que los operadores de justicia trabajen en la investigación de los hechos, tomando en cuenta todas las recomendaciones del informe de Unasur. Y que ellos vean de hacer el trabajo transparente sin sacar cara por nadie. Eso es lo que se quiere, sobre todo para que no haya más impunidad y que la justicia sea para todos y que además no sea mercantilizada”.

“No ha existido imparcialidad”
KARLO E. BRITO.
Abogado de Leopoldo Fernández.

“El informe es totalmente favorable al Gobierno y no refleja en absoluto lo que ha sucedido en Porvenir y en Cobija. Esta comisión no mostró ningún tipo de imparcialidad en la investigación, y esto se ha reflejado en las conclusiones que se han leído hoy (ayer), en las que no se ha tomado en cuenta ninguno de los elementos de descargo a favor de Leopoldo Fernández”.

“DDHH ya llegó a esa conclusión”
ROLANDO VILLENA.
Presidente de la APDHB.

“Una cosa que parece importante es que como Derechos Humanos nos adelantamos a todas las investigaciones de lo que sucedió en Pando. Y que apuntaba a que era una masacre, cosa que algunos medios de comunicación se encargaron de desvirtuarla, pero al final se ratificó la posición de la Asamblea de Derechos Humanos”.