Lo ocurrido el martes en el Palacio de Gobierno fue pura y simplemente un abuso en el sentido estricto de la palabra.
Al colega Raphael Ramírez se lo agredió en público por sorpresa y sin posibilidad de defensa, con apoyo de toda la fuerza del escenario y dignidad que implican el cargo y el poder político. Fue abuso, además, porque se usó de manera indebida ese poder que se ejerce por mandato para preservar, entre otros derechos, el de informar y opinar y no precisamente para denigrar ciudadanos u oficios. Fue abuso también porque aunque Ramírez hubiera escrito y titulado la nota de marras, la responsabilidad de publicarla le es ajena. Pero fundamentalmente porque lo que dice la nota, pese al esfuerzo para darle otra connotación, es verdad. Se negoció en el Palacio.
El fondo es otro. Es saber, finalmente, qué ocurrió con los 33 camiones cargados de contrabando. ¿Quién y quiénes fueron responsables de su “desaparición”? ¿En qué quedaron las conversaciones en el Palacio para solucionar el problema que reclamaba la gente de Puerto Evo? Es difícil entender que el implicado directo en la “desaparición” de los camiones aparezca de pronto en La Paz con total impunidad, y aparentemente inmunidad, para contar la historia de su pueblo, mandar saludos por televisión a sus paisanos de Oruro y amigos de Pando, pese a la desaparición de la mercadería y a que reconoció que él y su gente nunca pagaron impuestos. Sólo aclarar eso, que es lo que provocó este embrollo, probará o desmentirá si la negociación no terminó en negociado, que es lo que parece.
Otro tema de esta historia todavía oscura es la advertencia presidencial a ministros y viceministros de que serán premiados y ratificados si se los censura o critica y que serán castigados y despedidos en caso contrario. Es asunto de ética y dignidad profesional de cada uno bajar la cabeza ante esa condición de quien los designó. Y de lealtades políticas y de amistad, no tan firmes como se ve. Pero es cuestión de todos, porque sus actos nos afectan, que sus designaciones y permanencia en el cargo dependan fundamentalmente de la obsecuencia personal y política y no de capacidad profesional, experiencia y honestidad.
Por encima del mensaje que se pretendió enviar, lo del martes puso también en evidencia que ese estilo irá en aumento si en el país no se consigue equilibrio en el manejo del poder político. Lo mostró rápido el coordinador del Gobierno con los movimientos sociales, que paradójicamente fue conocido como activista de derechos humanos, cuando amenazó a una colega de Erbol porque no le gustaron sus preguntas.
*Juan León C. es periodista.
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