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Fueron acusados el presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), Roberto Messias Franco, y el director de licenciamiento ambiental, Sebastiao Custodio Pires, que podrían ser multados y apartados de sus funciones.

La central de Jiraú había causado reticencias en Bolivia por la posible inundación de parte de su territorio, hecho que ha sido rechazado por las autoridades brasileñas. La Fiscalía consideró que la expedición de la licencia atenta contra la Constitución, la ley de licitaciones y el correcto proceso de análisis ambiental, lo que "encierra uno de los mayores delitos ambientales impuestos a la sociedad", informó el ente en un comunicado.

La construcción fue adjudicada el pasado mayo a un consorcio formado por el grupo franco-belga Suez (50,1%), la constructora brasileña Camargo Correa (9,9%) y las estatales Eletrosul Centrales Eléctricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco, con 20% cada una.

El proyecto, enclavado en el río Madeira, en el corazón de la selva amazónica, tuvo que ser analizado de nuevo por las autoridades ambientales, porque el consorcio constructor mudó la ubicación del proyecto a nueve kilómetros del punto original para abaratar costes. Brasilia, EFE