Tras 100 días de haber sido designado por el presidente Morales para sustituir al primer Prefecto de Cochabamba electo por voto popular, el primer interventor de la era de la democracia departamental, Rafael Puente, dejó la Prefectura de Cochabamba, agudizando el intenso dilema moral de la administración Morales.
Su designación, que no respetó ni la Ley Interpretativa 3090 que constitucionalizó la elección de prefectos ni en el decreto 28666 que reglamenta la sucesión prefectural, quebró la estructura jurídica de la descentralización y sentó precedente para el bochornoso nombramiento de Rafael Bandeiras como interventor en Pando, tras conculcarse el mandato y confinarse inconstitucionalmente a Leopoldo Fernández.
Su modesta gestión, que no descolló ni por sus logros en inversión pública ni por la consecución de los objetivos políticos a él encomendados, enfrentó dos perversas lógicas al interior del MAS: a) que las instituciones públicas son botín político, ergo, la gestión no es prioridad; y b) que la transparencia es un estorbo, cuando se trata de sostener un esquema prebendal y potenciar a una nueva clase política.
Porque, más allá de si se marchó o lo echaron, tres son las razones de fondo de su partida: la falta de capacidad de gestión, la inmoral avidez de sus lugartenientes y la imposibilidad de cumplir el único mandato que le dio el Presidente de la República: Inculpar a Manfred Reyes Villa.
Puente salió en medio de cuestionamientos a su poca autoridad y a su falta de expertisse en el manejo de la administración prefectural, pero lo definitivo fue el “profundo desencanto” que produjo en el Palacio Quemado sus remilgos a entender las “necesidades” de las organizaciones sociales y su escaso éxito en “inviabilizar, por los medios que fuese necesario” a su predecesor.
No hay manera de ocultar que su gestión no fue un éxito, pero no lo haría menos digno de consideración asumir que fracasó en una misión imposible. Tras su cándida percepción inicial de que “en Cochabamba sobraba la plata” Puente tuvo que enfrentar los recortes presupuestarios, los candados financieros y las deudas transferidas por el centralismo a la gestión Reyes Villa.
Puente recibió una Prefectura que sólo Manfred pudo haber mantenido a flote; no pudo controlar la avidez del entorno palaciego que le impuso La Paz y que respondía al pragmatismo inescrupuloso de Quintana antes que a la prédica moralista de Puente.
Y es que Puente no encajaba en este régimen. Es un viejo soldado de otra revolución; un campeador de otra causa con otros códigos. Debo reconocer que su intervención en septiembre evitó que el lumpen sindical que infesta Palacio Prefectural confiscara el último salario de varios funcionarios de la anterior gestión, entre ellos el del Portavoz de Manfred. “Aun entre rivales hay honor”, le dije en un breve cruce de palabras y con eso bastó. Puente honró ese código, liberando en horas una planilla por la que su séquito quería hacernos perder la dignidad.
Por eso, la verdadera derrota de Puente fue la batalla ética y no la de la gestión pública. No se le puede reclamar no haber logrado la misma performance que Manfred en la gestión del desarrollo, pues hay décadas de experiencia en el manejo de entidades descentralizadas de por medio entre ambos. La salida de Puente es más bien la derrota política de Evo y Quintana; él no pudo cohonestar con prácticas corruptas y falló en cumplir un mandato reñido con su ética personal.
Puente se aferra a la imagen de un partido que él idealizó; defiende hasta hoy a un gobierno que se ha distanciado de su ideal sin vuelta. Y cuando se defiende una causa perdida, reconocer el fracaso no es un claudicar, sino la redención de nuestros principios.
*Erick Fajardo P. es ex director de Despacho Prefectural de Manfred Reyes Villa.
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