• CRÍA DE GANADO • Un grupo de reces pastea en una propiedad ganadera ubicada en el departamento de Santa Cruz. Usar la tierra con un fin social implica cumplir con la FES.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

En el lanzamiento de la campaña masista con miras a la consulta del 25 de enero, el Jefe de Estado dijo que una vez aprobado el proyecto de Constitución Política de Estado (CPE), los latifundistas deberán devolver las tierras excedentarias que posean, en función de lo que se defina en el referéndum dirimitorio sobre la extensión máxima de una propiedad. Sin embargo, el propio texto elaborado por el MAS establece, en su artículo 399, que esta medida no es retroactiva.

Como ejemplo citó: “Digamos que aquí tenemos un camba, el compañero Isaac (Ávalos, dirigente campesino), que tiene 100 mil hectáreas (de tierra) y vive en Santa Cruz. Si con el voto del pueblo boliviano se aprueba (la posesión de) cinco mil hectáreas, Isaac tiene que devolver 95 mil para el Estado boliviano, para la gente que no tiene tierra”, dijo.

No obstante, el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, explicó a La Razón que esta disposición es a futuro y que lo que es retroactivo es el saneamiento. “Las nuevas tierras distribuidas tienen que sujetarse al límite máximo, que pueden ser de cinco mil hectáreas (has.) o 10 mil hectáreas, lo que es retroactivo es el saneamiento de tierras para los predios que no cumplen con la Función Económicos Social (FES)”, aclaró la autoridad.

Precisó que “la nueva superficie (que se definirá en el referéndum) es para las tierras que se doten después de la aprobación de la nueva Constitución. Eso no es retroactivo, lo que sí es retroactivo es el saneamiento”.

Y añadió que “obviamente, independientemente de que el título (propietario) se haya obtenido el (año) 53, el 70 o el 92, de todas maneras la tierras serán revertidas si es que no cumplen la FES de manera total o parcial”.

El ministro indicó que al momento, el límite para la tenencia de tierras es de 50 mil has. por familia. Así, si una familia posee 40.000 has. que no cumplen la FES, aún antes de que se apruebe el texto constitucional, las tierras serían revertidas por esa causal.

En todo caso, Romero dijo que en el país no se conocen de propiedades que superen las 10.000 has. cultivadas o que cumplan la FES de otra manera. “De acuerdo con la revisión que hemos hecho con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no hay esos casos tampoco, los predios que más FES pueden cumplir apenas sobrepasan 10 mil has.”.

En el parágrafo I del artículo 399 del proyecto constitucional se lee que “los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de la posesión y propiedad agraria de acuerdo a ley”. Mientras que una parte del numeral II establece que “las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social serán expropiadas”.

La redistribución de las tierras y la eliminación de la servidumbre y otras formas análogas de explotación están entre las políticas que el Gobierno pretende aplicar desde que llegó al poder, el 2006, aunque tropezó con la oposición y resistencia de los dueños de tierras en el oriente.

Este jueves, Morales reiteró que el objetivo de su Gobierno es acabar con el latifundio, y citó el caso de Santa Cruz.

“El 2 de agosto del 2006 nos hemos planteado una profunda revolución agraria, ¿en qué consiste?, ¿en qué se diferencia la revolución agraria de la Reforma Agraria del (año) 53. (En que ésta) ha dejado minifundio, surcofundio (en el occidente), pero en el oriente boliviano latifundio. La revolución agraria tiene que acabar con el latifundio improductivo; si no acabamos con el latifundio de qué revolución podemos hablar, y hoy tenemos la enorme responsabilidad de aprobar esta nueva CPE. Aquí nuestros constituyentes plantearon tener máximo 10 mil hectáreas (de tierras) o cinco mil”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL SANEAMIENTO?

Objetivo • El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de la propiedad agraria; se ejecuta de oficio o a pedido de parte.

Ejecución • El INRA, en coordinación con las direcciones departamentales, queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria en el plazo de 10 años, a partir de la publicación de la ley (2006).