• EN LA CAPITAL • El presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, recibe los honores militares, en mayo de este año.

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La magistrada Amparo Canedo sostuvo ayer a La Razón que “por supuesto que no” renunciará a su cargo. Agregó que “la Constitución vigente y cualquier proyecto constitucional tiene vigencia únicamente a partir de su promulgación, así como sus efectos y, por lo tanto, esos efectos no alcanzan a los ministros de la Corte Suprema de Justicia”.

La viceministra de Coordinación Gubernamental, Rebeca Delgado, dijo esta semana que los supremos deben renunciar porque ya tomaron partido por el No a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Al respecto, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, señaló que si el 25 de enero gana el Sí a la CPE, “sería un acto de hasta hidalguía que (los ministros de la Corte Suprema de Justicia) puedan dejar a disposición sus cargos, pues estarían en contra de una Constitución que ha votado el pueblo y habría poca objetividad en aplicar esa noma”.

Consultado por este medio sobre la posibilidad de su renuncia, el también magistrado y presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Ampuero, señaló: “Yo tengo un compromiso con el pueblo de Bolivia, porque éste me ha designado, como a mis colegas, por la vía del Congreso. De manera particular, yo no renunciaría al cargo sino al término de mi mandato”.

Ampuero agregó que “entendemos que los ministros han sido designados conforme a la actual Constitución por un periodo determinado, y que dejen el cargo o no es algo que corresponde a cada uno de ellos. Yo personalmente entiendo que tiene que existir una fase de transición entre la aprobación de la CPE y el proceso de su implementación”.

Chávez indicó que si los magistrados renuncian, “será el Congreso el que tenga que cubrir estas acefalías en tanto se aprueben las leyes especiales (para la aplicación de la nueva CPE).

Por su lado, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, aplaudió la idea de que todos los ministros de la Corte Suprema renuncien el 26 de enero del próximo año, un día después del referéndum constitucional.

“Nosotros nos alistaremos para un proceso de transición, de manera que cuando tengamos la nueva CPE plenamente vigente, el 2010 una asamblea plurinacional elija vocales, ministros (de la Corte) y magistrados del Tribunal Constitucional; ya no por la vía del cuoteo, sino por la de la aplicación de la nueva Constitución, que implica incluso una elección popular”, afirmó.

El nuevo texto constitucional, en su artículo 182, establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (máximo

tribunal de la jurisdicción ordinaria) serán elegidos “mediante sufragio universal”.

El documento añade que la Asamblea Legislativa Plurinacional realizará por dos tercios de sus miembros la preselección de los postulantes por cada departamento y remitirá la nómina de éstos al órgano electoral.

“La posición del Gobierno es que celebra que Jaime Ampuero y los otros magistrados renuncien a los cargos que ostentan y en los cuales han demostrado ineficiencia marcada, para que efectivamente den paso a una verdadera renovación del Poder Judicial”, sostuvo San Miguel.

Chávez apuntó que el rechazo a la CPE no es la primera acción reprochable de los supremos y recordó que en enero de este año, los supremos no objetaron los estatutos autonómicos “ilegales” planteados por las regiones opositoras al Gobierno. “El ministerio y el viceministerio (de Justicia) les pidieron que se pronuncien sobre ese tema que descuartizaba al Poder Judicial por como estaban planteadas las autonomías”.

Con la renuncia del magistrado Juan José González y con la conclusión del mandato (de 10 años) de los ministros Ampuero, Emilze Ardaya y Héctor Zambrana en marzo del 2009, la Corte Suprema de Justicia (con sede en Sucre) quedará con el quórum límite para resolver las causas.

“De manera particular, yo no renunciaría al cargo, sino al término de mi mandato”.
Jaime Ampuero, ministro Corte Suprema.