Intervencionismo en democracia
Erick Fajardo Pozo*

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La intervención de entidades estatales autárquicas, autónomas y descentralizadas por el Poder Ejecutivo es señal inequívoca y definitiva de que vivimos bajo un régimen de excepción. Cuando los mecanismos estatales de control y fiscalización son intervenidos, queda claro que de tales instancias ya no puede esperarse ecuanimidad o justicia, sino acciones políticas funcionales al poder de turno.

A la suspensión indefinida del control constitucional en el país, se suma la supresión de toda posibilidad de un control fiscal independiente y neutral. El nombramiento de un activista radical del oficialismo en el lugar del Contralor General le da a Evo Morales una importante ventaja en la ejecución de su doble estrategia: tender un velo de impunidad sobre los desmanes del Ejecutivo y liquidar por la vía de la inhabilitación a los últimos referentes de la oposición. Por una parte, esta intervención en el momento preciso conjuró la ejecución de decenas de dictámenes de responsabilidad contra autoridades. La cifra que el defenestrado contralor Gutiérrez refirió es reveladora sobre los motivos de fondo para ocupar la máxima entidad reguladora fiscal: Bs 1.000 millones de daño económico.

Por otra parte, la captura de esta entidad provee a Evo del instrumento de judicialización que tan apremiantemente demandaba para zanjar su guerra política con la oposición tras su fracaso en el intento de someter al Poder Judicial y al Ministerio Público. Nadie ignora que el interventor Gabriel Herbas, uno de los acechadores permanentes sobre Manfred Reyes Villa durante su gestión prefectural, buscará concretar la inhabilitación del prefecto de Cochabamba de cara a las elecciones generales del 2009.

Era previsible este atropello a los mecanismos autárquicos de fiscalización cuando ya antes se le permitió a la Administración Morales desconocer la voluntad democrática regional en La Paz, Cochabamba y Pando e imponer interventores en sustitución de prefectos electos por voto popular, a más de habérsele consentido el pacto con la oposición para extender de manera arbitraria el mandato de alcaldes y prefectos hasta después de concluido el periodo constitucional 2005-2009.

Por eso no tiene caso rasgarnos las vestiduras y resulta más importante asumir que estamos viviendo bajo un régimen de fuerza; que la democracia es apenas parte de la escenografía de esta parodia montada por Evo; y que ha llegado el momento de abandonar el infundado supuesto de que aún vivimos en democracia para empezar a plantear estrategias efectivas de resistencia a ese autoritarismo que amenaza fagocitar la autarquía y la independencia de poderes.

No hay intervencionismo que cuadre en un régimen democrático. La habilidad para acuñar neologismos del Gobierno nos ha hecho obviar principios lógicos elementales como que “intervención” y “Estado de derecho” son premisas mutuamente excluyentes; de la misma forma que “revolución en democracia” es un absurdo lógico que integra dos conceptos que no son conjugables.

A los totalitarismos de corte mesiánico, las entidades autónomas y los poderes independientes les resultan molestos incordios que entrañan el peligro de poner límite al capricho de los caudillos. De ahí la obsesión de Evo por “constitucionalizar” su febril delirio de un Estado centralizado donde el control constitucional, el control fiscal y la misma administración de justicia sean apéndices funcionales del presidencialismo. 


*Erick Fajardo P. es ex asesor Ejecutivo del prefecto Manfred Reyes Villa.