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En la jornada electoral de agosto, Transparencia Bolivia, una red de ONG que cumple tareas de observación local, realizó un relevamiento de los cómputos de las mesas de sufragio de forma representativa. Este trabajo guarda similitud con los resultados de la CNE, pues la diferencia es de menos de un punto, pero las cifras cambian en los casos de Pando y Chuquisaca.

Según los datos del consorcio, el presidente Evo Morales había sido revocado en Chuquisaca con una votación por el Sí del 49,5%. Para la CNE, el Primer Mandatario fue ratificado en el cargo con el 53,8% de los votos. La diferencia entre un resultado y otro es del 4,2 por ciento. Ipsos Apoyo, cuyos resultados fueron publicados por La Razón el 11 de agosto, anticipó un resultado adverso a Evo en Chuquisaca.

En cuanto a Pando, los datos publicados por el organismo electoral le dan la victoria a Morales con un 52,5% de los votos en esa región, mientras que Transparencia Bolivia da cuenta que el Presidente fue revocado con una votación por el Sí de 47,7%. En este caso, la diferencia entre un cómputo y otro es de 4,7%.

En Pando, Morales perdió las elecciones del 2005, cuando obtuvo 20,8% de los votos, frente al 45,1% que logró el opositor Poder Democrático y Social.

Por otra parte, en el resultado prefectural también se produjo un solo caso en el que los datos de Transparencia Bolivia y los de la CNE no coincidieron: Oruro.

Los resultados del consorcio dieron por revocado al prefecto de ese departamento, Luis Alberto Aguilar, con 48,9 % de los votos por el Sí a su ratificación. La CNE, en cambio, informó de un 50,8 % en favor de Aguilar.

También en este caso, el único “error” en los resultados de Ipsos Apoyo se presentó en Oruro.

En el revocatorio de agosto, el Presidente y el Vicepresidente fueron ratificados con un 67,4% de la votación a nivel nacional. En el caso de los prefectos, sólo fueron revocados los de La Paz y Cochabamba.

La Fiscalía investiga el padrón

La Fiscalía General anunció en diciembre del 2008 que se prepara un juicio penal contra autoridades y funcionarios de la Corte Departamental Electoral (CDE) de Oruro, por obstaculizar el trabajo investigativo.

En octubre, la Fiscalía solicitó a las cortes departamentales una copia del padrón. El fiscal de Recursos, Orlando Riveros, dijo que el presidente de la CDE orureña, David Apaza, se negó a remitir la documentación en dos ocasiones.

Con una autorización de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público allanó las oficinas de la Corte de Oruro y secuestró documentación referida a los procesos electorales.

El Ministerio Público abrió, a solicitud del diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo, una investigación contra el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, y los vocales Amalia Oporto y Jerónimo Pinheiro. Murillo acusó a estas autoridades de delitos como alteración del padrón electoral, beneficios en función al cargo, comisión por omisión, incumplimiento de deberes y otros.