Bolivia posreferéndum
María Teresa Zegada*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El país experimenta un proceso de crisis y transición estructural desde principios de la actual década, pero, a más de un lustro del inicio de los cambios, ¿cuántas transformaciones se han logrado? Quizás las más importantes se sitúan en el campo político y sociocultural. La llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS) ha significado un cambio sustancial en la composición del mapa político, así como la centralidad simbólica de un nuevo sujeto en el ámbito decisional: el indígena, originario campesino, hasta ahora excluido del marco estatal. Por otra parte, si bien se ha avanzado desordenadamente hacia un cambio institucional, tanto desde las regiones con la lucha por las autonomías como desde el Gobierno central mediante la formulación de políticas públicas, recién a través del proceso constituyente se buscó consolidar un nuevo Estado que dé cuenta de los cambios, de una u otra forma, anhelados por todos.

Así, con la aprobación de la nueva Constitución en las urnas, parecía cerrarse un controvertido y difícil proceso constituyente y la “refundación” de un nuevo Estado. Si bien en términos legales se han cumplido los pasos previstos en la Ley de Convocatoria, estamos aún lejos de viabilizar la resolución política y social en torno al nuevo mapa institucional. Este proceso transitorio resulta controvertido y difícil, pues se encuentra enmarcado en relaciones de poder en pugna, intereses diversos y confrontados que han buscado deliberadamente horizontes distintos.

Los resultados electorales, en realidad, reproducen una tendencia que se ha revelado en las consultas anteriores (sobre las autonomías y sobre la revocatoria de mandato) que expresan un país fracturado en distintas opciones mayoritarias que, sin duda, no se pueden ignorar. Estos resultados conducen a la necesidad de buscar verdaderos acuerdos para la reforma del Estado.

Con mayor precisión se podría decir que hemos ingresado en una nueva fase del proceso constituyente, que es la de su aplicación, pero que por las características del texto aprobado no se reduce a una mera elaboración técnica e instrumental de leyes y normas que

secunden los artículos constitucionales, sino que nos llevarán nuevamente a un profundo y controvertido debate político ya que los alcances del texto son ambiguos y generales en muchos de sus aspectos y sujetos a distintas interpretaciones políticas. En ese sentido, nuevamente el escenario controversial se traslada al Congreso, bajo la atención vigilante de los movimientos sociales y de los actores cívico/prefecturales prestos a intervenir de manera directa en cuanto consideren necesario, como ya sucedió en el pasado, con resultados absolutamente parciales e insuficientes.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, el Congreso debe sancionar un nuevo régimen electoral en 60 días y no podrá viabilizar en este año otras leyes necesarias como la Ley Marco de Autonomías u otras referidas al ámbito judicial o constitucional reservadas a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Resulta, sin duda, bastante paradójico y contradictorio encaminar, por ejemplo, un proceso de cambio constitucional sin la presencia de un Tribunal Constitucional. Otra vez, poco se podrá avanzar sin un mínimo de acuerdos que encaminen el proceso.

*María Teresa Zegada
es socióloga.