Ante la nueva Constitución
Carlos D. Mesa Gisbert*

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El voto es el instrumento más poderoso que el ciudadano tiene en democracia, es uno de los momentos centrales de la participación para decidir sobre el destino de una sociedad. El domingo 25 ejercimos ese derecho libremente y, más allá de observaciones en torno a su transparencia, no se puede decir que el fraude haya dado el triunfo ilegalmente al Sí sobre el No. La diferencia a favor del Sí ha sido de casi 23 puntos (61,5% frente a 38,5%).

Yo voté por el No y sigo creyendo dos cosas: Que la nueva Constitución no es el pacto social que el país necesita y que se demostrará más temprano que tarde que es inaplicable en buena parte de sus capítulos esenciales, pero creo firmemente que es mi obligación como ciudadano acatarla y someterme a ella mientras esté vigente. Ninguna de mis razones por poderosa que sea, me exime de mi obligación democrática de respetar los resultados que son producto del ejercicio soberano del pueblo. Esto incluye la certeza de que se dio el voto consigna, el voto del miedo y el voto irreflexivo; son los costos de un sistema que, aún sobre esa realidad, es largamente superior a cualquier otro que haya experimentado en el pasado la sociedad humana.

¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Lo que debe hacer cualquier ciudadano de bien que crea que el país va por mal camino al adoptar esta nueva Constitución, es algo muy simple y extraordinariamente difícil a la vez, comprometerse en la lucha democrática para derrotar a quienes administran el país como lo administran y a quienes nos condujeron al voto del domingo por caminos antidemocráticos, tortuosos, sangrientos y frecuentemente ilegales.

Este compromiso implica ciertamente sacrificios y desprendimiento, implica tener el valor de arriesgarse a luchar poniendo el pecho democráticamente frente a quienes no tienen un espíritu democrático y por el contrario, tienen toda la voluntad de imponer un proyecto de poder (el espantoso monólogo de la hegemonía), por encima de un proyecto de nación. Ganarle a quienes un día recibieron la comunión y luego execraron a la Iglesia, a quienes un día pidieron el voto militante por el No a las autonomías y a poco del referendo constitucional se convirtieron en abanderados de las autonomías, a quienes acusan de crímenes de lesa humanidad a otros cuando llevan ya en la espalda una treintena de muertos que son de su directa responsabilidad, a quienes piden el riguroso respeto a las instituciones de la nueva Constitución y en el pasado inmediato destruyeron sistemáticamente a las instituciones de la Constitución entonces vigente.

Pero especialmente hay que enfrentar democráticamente, con la única arma que tenemos quienes creemos en la democracia: la ley. Enfrentar a quienes han demostrado ya sin lugar a equívoco alguno que no sólo practican actos de corrupción, sino —y esto es lo más grave— garantizan la impunidad de aquellos que aprovechando el poder de los altos cargos que ocupan, se niegan a someterse a investigación y a los mecanismos que la justicia establece cuando gigantescas sombras de duda —incluso con manchas de sangre— se ciernen sobre sus cabezas.

Si queremos una Constitución que respete el principio sagrado de la igualdad, sobre la tesis de que todos los seres humanos nacemos iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, debemos prepararnos para construir alternativas democráticas que el 6 de diciembre lleven a la Asamblea Legislativa Plurinacional, representantes cuya conciencia, ética y valores democráticos, modifiquen los elementos negativos de la nueva Carta Magna.

Si queremos llegar a ese día, debemos respetar rigurosamente este periodo de transición cumpliendo al pie de la letra las diez disposiciones transitorias de la Constitución. El Gobierno gobernando por ley, el Congreso aprobando el régimen electoral para las elecciones de presidenta (e), Vicepresidenta (e) y asambleístas y en abril del 2010 para prefectos y alcaldes. Es indispensable completar la totalidad del actual Tribunal Constitucional para que las autonomías se apliquen inmediatamente. El proceso es simple, pero requiere gran voluntad política. El Gobierno debe proponer la elección de los miembros faltantes de ese Tribunal al día siguiente de la promulgación de la Constitución, esa elección debe hacerse entre las mejores bolivianas y bolivianos para esos cargos, legales e incuestionables hasta el día en que elijamos por voto directo a los miembros del Tribunal “plurinacional”. Los tribunos elegidos por el actual Congreso tendrán dos tareas urgentes: definir el control constitucional de los estatutos autonómicos que los departamentos autónomos deben adecuar a la Constitución y garantizar la vigencia plena de los derechos humanos que hoy está seriamente en entredicho.

Ya es hora de que los bolivianos nos demos cuenta de que no podemos continuar indefinidamente negociando, cuestionando e incumpliendo las leyes. Si de verdad queremos construir un pacto social, aceptemos esta Constitución y cumplámosla, sin debates, reuniones interminables, manipulación y mala fe. Sólo así construiremos democracia y un futuro que valga la pena para nuestros hijos.