Sin hacer alarde de una perspicacia sociopolítica y sicoanalítica muy aventajada, se puede advertir que el proyecto de Constitución Política del Estado que fue aprobado vía Referéndum el 25 de enero es un texto que profundiza los resquebrajamientos sociopolíticos regionales.
La coyuntura nacional impera que nos detengamos a analizar si el ejercicio de una mayoría electoral está siendo sinónimo de vivir en un régimen político con características democráticas. Habrá que tener presente que dentro de esa única circunscripción nacional, que es Bolivia, coexisten regiones con un determinado peso específico y con legitimidad para sentir y opinar de forma diferente y diversa. Habrá que recordar que las mayorías no siempre son virtuosas o justas; que no siempre toman las decisiones correctas y que no todas las mayorías políticas actúan en pos de fines democráticos.
Si bien todo ejercicio democrático es saludable, la posibilidad de establecer un nuevo andamiaje jurídico y político para nuestra Bolivia logró movilizar a los nueve departamentos y a los 327 gobiernos municipales, y por ende la ciudadanía —al margen de que el texto propuesto conlleva términos de alcance ambiguo cargados de connotaciones ideológicas que se enmarcan dentro de la Filosofía Política—, l@s bolivian@s ratificaron que dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal y asumimos el reto histórico de que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” (Art. 1).
En el citado contexto, la promulgación de nuestra nueva Constitución Política del Estado nos coloca frente al desafío de hacer a un lado las frivolidades, alharacas y majaderías de la política boliviana, puesto que desde hace tiempo ya no alcanzan para disfrazar la falta de compromiso social y la incapacidad de comprometerse con el porvenir nacional.
Por otra parte, para quienes deseamos contar con una Constitución genuinamente democrática, quienes no asumimos que ha sido por obra y gracia de ´asambleas constituyentes´ que se han construido las sociedades más sólidas y estables, sino más bien con el respeto invariable a la institucionalidad por parte de gobernantes y gobernad@s; y quienes sostenemos que más importa la actitud que el contenido, puesto que con una buena actitud es posible ponerse de acuerdo en el contenido, esperamos que encontremos motivos para festejar entre la policroma ciudadanía y todas las regiones una nueva Carta Magna.
Y, finalmente, como no comparto la idea de que para constituir una sociedad justa y armoniosa en nuestro país se deba tener como cimiento a la descolonización (Art. 9, parágrafo I); porque estoy en desacuerdo con quienes piensan que la democracia es celestina de cualquier antojo, y dado que estamos ante una oportunidad histórica para el encuentro o para el desencuentro —como much@s bolivian@s— espero contar con una arquitectura constitucional que sea capaz de unificar al conjunto poblacional, convocar amplios consensos y que vea, en la diversidad de ideas, riquezas y no amenazas.
*Mariella Pereyra O. es cientista política.
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