La experiencia política boliviana de los últimos años trae a los demócratas peruanos algunas reminiscencias. Al final, es irrelevante si el proceso antidemocrático es de derecha o de izquierda, los objetivos del Gobierno se colocan por encima de los derechos de la gente y de la institucionalidad democrática.
En efecto, Fujimori se valió de artilugios para neutralizar al Tribunal Constitucional con el objetivo de acumular poder sin cortapisas. Copó el Poder Judicial. Y, desde luego, el paso previo fue la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la intervención del Poder Judicial.
Deshacerse de las instituciones de contrapeso significa para los gobiernos autoritarios ampliar sus espacios de maniobra. Esa situación pone a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad desde el punto de vista de sus derechos. Así, del Gobierno autoritario avanzamos hacia una dictadura y, finalmente, concluimos en un régimen totalitario, sin garantía alguna. A veces, este proceso se da paso a paso, neutralizando de a poco, desgastando a los actores críticos y copando el poder.
Lamentablemente, existen líderes políticos que, como Fujimori, asumen que sus proyectos políticos personales están por encima de una institucionalidad y unos principios cuya presencia es producto de una larga evolución política y jurídica. La tendencia de las sociedades debería ser pulir la esencia de la democracia y fortalecer la vigencia de los derechos humanos. Desde el Bill of Rights de 1689, a la romántica etapa de la Declaración de Independencia Norteamericana por parte de los padres fundadores, desde la Declaración de Derechos en la Francia revolucionaria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos a mediados del siglo XX, desde la internacionalización de la democracia y los derechos humanos al reconocimiento progresivo (por parte de la civilización) de la soberanía del individuo, la historia de la evolución política ha sido ésa. Lo otro han sido saltos hacia atrás, vueltas a la barbarie: desde Fidel Castro a Augusto Pinochet.
Por eso, las noticias que llegan desde Bolivia sólo traen reminiscencias y mayor compromiso de los juristas con la evolución de los ideales y principios que forjaron a Occidente. En esta oportunidad, el MAS propone la clausura del Congreso. En el marco de un poder que ha restado operatividad al Tribunal Constitucional y que amenaza la independencia judicial, esta nueva propuesta sólo añade un peso más al cúmulo de agresiones a la democracia.
La comunidad jurídica internacional aguarda y reclama el reencauce del sistema político boliviano hacia uno basado en checks and balances y en instituciones sanas que sirvan para garantizar la soberanía del individuo con relación a las acechanzas del poder político. Para ese efecto, se espera que el Gobierno procese las demandas públicas y llame a su partido a recomponer pronto la institucionalidad democrática del país. Un gobernante no debe constituirse en una amenaza para los ciudadanos, salvo que al presidente Morales le importe poco las reminiscencias ajenas.
*Eddie Cóndor Ch. es coordinador del Área de Participación Ciudadana y Buenas Prácticas de la Comisión Andina de Juristas.
De engaños y entornos
Qué duda puede caber de que las víctimas de octubre del 2003, las que Santos Ramírez, entre muchos otros, envió a enfrentarse, deben sentirse violadas por la magnitud de una impostura como es la de haber estructurado un discurso
El fin de los discursos
Parecía que este año iba a transcurrir por el carril ya normal de la vida política del país; así, el gobierno de Evo Morales podría seguir enunciando en voz alta los sueños de las grandes mayorías y dejando que se marchiten en las palabras
Las frustraciones de María
Mas la bronca crece entre los perjudicados, que piden a las autoridades le pongan coto. Están hartos de una ciudadanía rebajada.
Mierda
Es lo primero que se me ocurre al comenzar esta columna. El mataburros le asigna a esta gruesa palabra varias acepciones: “…suciedad o porquería que se pega a otra cosa”, “Cosa sin valor o mal hecha”, “Persona sin cualidades ni méritos”