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El 14 de julio del 2008, YPFB firmó un contrato con la sociedad accidental Catler-Uniservice para la construcción, provisión e instalación “llave en mano” de la planta de extracción de licuables de gas natural en el campo Río Grande, ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, por un monto de $us 86,3 millones.

Los cuestionamientos al proceso de adjudicación y a la firma del contrato surgieron tras la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, cuya empresa es sindicada de haber pagado comisiones ilegales al entonces presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, para adjudicarse la construcción de la obra.

La primera observación de la comisión cuestiona los vacíos en la resolución que autorizó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la estatal petrolera (Santos Ramírez) a realizar todos los actos para ejecutar el proyecto de la planta separadora. Según el Gobierno, en su contenido, la norma no refiere a la aprobación del inicio del proceso de contratación, ni a la firma del contrato.

La segunda observación hace referencia a que la empresa contratada por YPFB se conformó tres días antes de la firma del contrato. El informe hace notar que la empresa no debió haber participado del proceso de precalificación normado por el Decreto 29506 (que permite a la estatal realizar contrataciones directas), por no estar habilitada para presentarse a la convocatoria “en tan corto tiempo”.

Un tercer cuestionamiento se refiere a que el contrato firmado entre YPFB y el consorcio, y sus cuatro adendas, no llevan firma de abogado ni fueron protocolizados en la Notaría de Gobierno.

El hecho de que no exista un documento base de contratación —pese a la obligatoriedad que exige el Decreto 20190— y que el proceso continúe su curso, es la cuarta observación de la comisión conformada por YPFB y los ministerios de Defensa Legal del Estado y de Transparencia.

La comisión también observó que el inicio del proyecto se ejecutó sin tener aún el presupuesto asignado ni la fuente de financiamiento el día de la firma (14 de julio del 2008). La construcción de la planta fue incluida en el Presupuesto General de la Nación (PGN) reformulado 2008, que fue aprobado en agosto.

Finalmente, se observa el que haya sido YPFB la que abrió la carta de crédito por cuenta de Catler-Uniservice, para pagar a la empresa Gulsby Process Systems, acción que permite establecer que Santos Ramírez habría adjudicado la contratación a una “asociación accidental que no tenía la capacidad financiera para emprender el proyecto”.

Suxo entregó ayer a la Fiscalía el informe y pidió que se lo complete, ya que hubo algunos documentos que no fueron hallados en las oficinas de YPFB. El fiscal Edward Mollinedo recibió la documentación y sostuvo que se trata de un buen aporte, pues la Fiscalía no contaba con algunos de los papeles proporcionados.

Con estas observaciones, la comisión del Ejecutivo estableció presuntas responsabilidades civiles, penales y administrativas en el ex presidente de YPFB y algunos de sus colaboradores, en el marco de la Ley Safco.

Según el informe, hay presunta responsabilidad penal por los delitos de conducta antieconómica; uso indebido de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; contratos lesivos al Estado, e incumplimiento de deberes.

El documento dice que la presunción de la responsabilidad administrativa se debe, entre otros, a que el contrato no cumple con lo establecido en el Sistema de Contrataciones Estatales.

(foto) DE LA FISCALÍA A LA CARCELETA • A las 16.00, una vagoneta blanca sale del Ministerio Público con Santos Ramírez a bordo. El vehículo ingresa al garaje de la Corte. Tras estacionar, el aprehendido sale con un libro y papeles en la mano. Escoltado por policías, sube unas gradas y se dirige adonde están las celdas.