El Gobierno no descarta constituirse en parte querellante en contra de quienes incurrieron en delitos contra el Estado en el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el que está involucrado el ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez.
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, manifestó ayer que se está viendo la posibilidad de que su despacho sea parte querellante. Explicó que primero se verá todas las pruebas existentes y que se continuará con la recopilación de nuevos datos.
Sin embargo, condicionó esta posibilidad a la creación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de investigación de fortunas.
Al ser consultada si su ministerio se convertiría en parte querellante, Suxo respondió: “Sí... Lo que pasa es que no tenemos la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
La ministra diferenció el trabajo de la entidad que dirige de otras instancias similares que existieron en gobiernos anteriores, que —dijo— sólo se limitaban a entregar informes que quedaban en el olvido. Suxo sostuvo que su gestión tiene resultados que “nunca se habían tenido”, ya que ahora existen “personas privadas de libertad, denuncias procesadas y... sentencias que están corriendo en los centros penitenciarios”.
Nardi Suxo aclaró que ahora que existe el ministerio y con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), tomarán “una acción mucho más proactiva”. “En cumplimiento de las atribuciones que ahora tiene el Ministerio (de Transparencia), vamos a ver con toda la prueba que se tenga... si nos constituimos en parte, pero sin habernos constituido en parte, oficialmente lo estamos haciendo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer”, afirmó.