Nada de santos, mucho de impíos
Mariella Pereyra Ortiz*

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Partiendo del reconocimiento de que la corrupción, además de ser una deficiencia moral, está vinculada a otras variables interdependientes de naturaleza cultural, política, étnica, generacional y socioeconómica, impera tener presente que la corrupción no es una exclusividad de los países en desarrollo, simplemente tiene un impacto social geométricamente mayor cuando se experimenta en un país como el nuestro en el cual la pobreza, la fragilidad de las instituciones democráticas, la crisis económica, las carencias en los controles institucionales, las fallas en la aplicación del Estado de Derecho, la inestabilidad social, el nepotismo y otros, son caldo de cultivo para esta lacra.

Es significativo cómo en nuestro país han ido en aumento las manifestaciones populares y las protestas callejeras presionando por el fin de la impunidad de funcionarios estatales jerárquicos, lo que evidencia un rechazo social generalizado hacia el desempeño de burócratas poderosos caracterizados por gestiones corruptas. Y dado ese contexto, me pregunto: ¿Dónde están los presos de saco y corbata en nuestras cárceles abarrotadas por los hij@s descalzos de María, Juana, Pedro y José?

El más reciente hecho generador de estas movilizaciones ciudadanas y presiones populares anticorrupción ha sido el “volteo” de 450 mil dólares que derivó en el asesinato del empresario Jorge O’Connor, dejando al descubierto prácticas ilegales y antiéticas en la administración pública de Evo Morales.

Contratos lesivos al Estado (que no podrá recuperar $us 35 millones de dólares destinados a la carta de crédito y parte del fideicomiso para la instalación de una planta separadora de líquidos), cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, asociación delictuosa, obstaculización de justicia y uso indebido de influencias durante el ejercicio de sus funciones gubernamentales, son las acusaciones que pusieron al ex hombre fuerte del MAS —Santos Ramírez— y a varios de sus colaboradores a ser procesados y sometidos a juicios de responsabilidades por supuestos actos de corrupción.

Y por si las denuncias existentes fueran insuficientes, a la fecha se continúan descubriendo actos corruptos en la estatal petrolera, tales como el que Santos Ramírez creó una empresa irregularmente (Servicios a la Industria Petrolera S.A.) con 140 funcionarios bajo el mando del dirigente masista de Santa Cruz: Rogelio Ashimine.

Realmente sería ejemplificador que se deje al descubierto lo que es un secreto a voces, puesto que es obvio que las prácticas ilegales y antiéticas de la administración pública boliviana no son patente sólo de gobiernos neoliberales y de burócratas oligarcas.

En una coyuntura como la que estamos atravesando, espero que el discurso del presidente Morales en la ciudad de El Alto —cuando proclamaba la flamante CPE— no sea sólo elocuencia mediática y consiga que la lucha anticorrupción ocupe un lugar primordial en la agenda del Gobierno; por ende, que esta degradación social sea expuesta e investigada y que todos l@s involucrad@s se vean presionad@s a renunciar, para que dejen de ser impunes, enfrenten sanciones judiciales, demandas ciudadanas y juicios por su involucramiento en actos de corrupción.

*Mariella Pereyra O.
es cientista política.