Cinco días de viaje, por tierra y desde Colombia. Menos tiempo, pero un recorrido igual de cansador, desde Chile, Uruguay y de otros países del continente. Así respondió a una convocatoria lanzada por internet desde Bolivia —más propiamente la Biblioteca y Archivo del Congreso— una veintena de bibliotecólogos y archivistas, profesionales y estudiantes, los que bajo el rótulo de “voluntarios” engrosaron la Primera Brigada Internacionalista.
Desde España acudió el filólogo hispanista y bibliotecólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Gimeno —él sí en avión pero, como todos, por sus propios medios—, y una vez en La Paz se encontró con que también estaban los chilenos María Antonieta Calabracero, bibliotecaria de la Universidad de La Serena, y Mario Urquiola, de Santiago.
Los profesionales se encargaron de visitar repositorios en La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba. Dictaron seminarios y charlas sobre temas de conservación de documentos y políticas en tal sentido. Los más jóvenes, la mayoría, aceptaron su misión de acudir allí donde los solicitaron y hacer el trabajo que se les asignase: desde limpiar espacios hasta organizar información.
¿Qué puede motivar así a las personas? ¿Qué es tan importante que les mueve a gastar su dinero, sus vacaciones, todo para estar algunos días en medio de documentos? “En mi caso —explica Calabracero— es el interés profundo por lo que está pasando en Bolivia. He vivido el retorno a la democracia en Chile, trabajo hace años como bibliotecaria, pero me faltaba la utopía”. Una utopía que cree ver en el país.
Gimeno, que en octubre del 2008 había participado del seminario sobre Destrucción de la riqueza documental y bibliográfica y la importancia de su rescate para el desarrollo nacional, celebrado en La Paz y El Alto, tiene también su utopía. Y tiene que ver con el derecho a la información que, dice, debe reivindicarse por encima de las limitaciones evidentes en muchas bibliotecas y en archivos del país.
La esperanza de Gimeno recae también en el momento “de cambio” que percibe en Bolivia y que le lleva a confiar en que es el tiempo para que el país se esfuerce en preservas y defender las culturas indígenas a través de centros orales, audiovisuales, fototecas, “todo cuando favorezca la recolección de la riqueza cultural para darla a conocer”.
El director del Archivo del Congreso, Luis Oporto, uno de los anfitriones de las brigadas que, se prevé, tendrán un segundo momento en julio, alimenta las ilusiones de sus colegas. Y lo hace con la nueva Constitución Política del Estado. Por una parte, cita el artículo 21.4 que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. Un cambio esencial, apunta, pues ninguna institución pública podrá negar ni burocratizar la información, lo que exigirá eficiencia en el manejo de ésta.
Y está la Sección III de Culturas que, además de disponer la protección de los saberes y conocimientos mediante la propiedad intelectual, plantea que “el Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual y colectiva de las obras...”. Esto último es una revolución, dice Oporto, pues lo colectivo no está contemplado ni las leyes internacionales y Bolivia ha dado el paso.