Detenciones, una cortina de humo
José Luis Orihuela Aquin*

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Durante varios meses, una comisión especial de la Cámara de Diputados vino investigando el caso del contrabando de los 33 camiones en Pando que vinculan al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hecho que fue denunciado y ratificado en un careo por el general César López, ex presidente de la Aduana Nacional y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS). Dicha comisión parlamentaria, compuesta en su mayoría por diputados del MAS y de su aliado, el MSM, en su informe final pretende liberar de toda responsabilidad al ministro Quintana.

Extrañamente, cuando todos los medios de información y la ciudadanía en general estaban pendientes de estas investigaciones, reaparecen los grandes operativos del Gobierno para detener a personas en Pando, como si todavía se viviera un estado de sitio en esa región amazónica del país, atentando contra los derechos de las personas, con uniformados encapuchados; irrumpiendo en viviendas en horas de la madrugada, sin cumplir nada de lo que la ley establece; golpeando a mujeres e incluso a menores de edad.

Fue impresionante el despliegue de vehículos, avionetas y contingente policial para trasladar a los detenidos a La Paz, ciudad que de un tiempo a esta parte se ha convertido en el campo de concentración del MAS. Ante este operativo, uno se pregunta: ¿serán tan peligrosas esas personas, para poner en movimiento todos los órganos de seguridad del Estado? Todo lo contrario: los detenidos habían sido simples ciudadanos de a pie, personas comunes, además, sin antecedentes penales.

Todo este movimiento que organizó el Gobierno parece ser una forma de distraer la atención del país, de echar una cortina de humo a temas mucho más graves por los que está atravesando el Poder Ejecutivo, como el contrabando de los 33 camiones ya que, en medio de estas detenciones, la comisión especial de diputados votó por un informe elaborado por el oficialismo dejando fuera del debate otras propuestas de la oposición y cerrando la etapa de declaraciones cuando aún existen interrogantes en torno a este tema. Una señal clara de que el MAS no quiere que se siga investigando.

Lo lamentable es que la población sigue esperando resultados concretos del presidente Evo Morales, para que todas las denuncias sobre malos manejos económicos del aparato estatal sean esclarecidas y los responsables, sancionados. Es necesario que el MAS viabilice, de manera imparcial, cualquier investigación sobre hechos de corrupción que involucren a autoridades del Ejecutivo, como el caso de los 33 camiones. Sólo así podrá limpiar la imagen negativa que tienen algunas autoridades del Palacio de Gobierno.

*José Luis Orihuela A.
es abogado.