Voto en el extranjero
María Teresa Zegada*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Una de las señales que el Gobierno tiende a imprimir a la gestión política actual es la ampliación de las formas de participación democrática de los ciudadanos. En ese sentido se orientan varias de las reformas al sistema político propuestas. En esa línea, el Gobierno inserta el planteamiento del ejercicio del voto de bolivianos que residen en el extranjero para el próximo comicio electoral de diciembre del 2009. Si bien el voto en el extranjero se encuentra establecido en el actual Código Electoral, y ha merecido propuestas de ley y algunos incipientes debates parlamentarios, hasta el momento y en muchos años no se ha logrado concretar su aplicación en el país.

Es evidente que ninguna decisión de esa naturaleza está exenta de intereses y cálculos políticos, pero más allá de las lógicas subjetivas y políticas para apoyar o rechazar el voto en el extranjero, habrá que evaluar su pertinencia y alcances.

La aplicación del voto en el extranjero evidentemente merece un largo proceso, pues requiere de una serie de condiciones técnicas que garanticen credibilidad, transparencia y, sobre todo, confianza tanto respecto de los electores como de los resultados. Es decir, requiere de un registro ciudadano y un padrón electoral confiable. En ese sentido, resulta particularmente complejo para el caso de migrantes que no tienen un registro formal en otros países. La aplicación del voto en el extranjero implica una importante erogación financiera, pues significa el traslado o contratación de personal especializado y el montaje de las condiciones tecnológicas mínimas; estudios realizados en otros países demuestran que el costo de cada voto es varias veces más elevado que en el ámbito nacional.

Otro factor crítico está relacionado con la entidad que asumirá la tarea de administrar ese proceso. Como señala la propia Corte Electoral, deberá ser esta instancia la que vele por una aplicación efectiva y transparente del voto, y no delegar estas funciones a representaciones diplomáticas que, como todos sabemos, responden en general a los gobiernos de turno, restándole credibilidad.

Por último, entre los aspectos relevantes se debe considerar que los ciudadanos que ejerzan este derecho deben estar lo suficientemente informados para evaluar su preferencia política, lo cual implicaría un proceso de campañas políticas del o los principales candidatos y organizaciones políticas. ¿Cuentan los partidos con los recursos y capacidad operativa para realizar campañas más allá de las fronteras nacionales?

En América Latina el voto en el extranjero se aplica en pocos países —Argentina, Brasil, Venezuela y recientemente en Perú y República Dominicana— y a pesar de sus beneficios para la democracia, todavía está en duda la verificabilidad de sus resultados.

Los cambios en el sistema electoral deben estar acompañados de la generación de certidumbre y confianza —como toda regla de juego democrática—. En un momento crítico como el actual, apresurar el voto en el extranjero puede cernir mayor desconfianza en el sistema y poca eficacia en los resultados. La Corte necesita concentrar sus esfuerzos en garantizar los procesos internos.

*María Teresa Zegada
es socióloga.