El Control Social
Karina Moreno*

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El Control Social es definido en la ley del diálogo como el derecho de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los instrumentos de control social.

La Nueva Constitución Política del Estado incluye el concepto del Control Social a diferencia de la anterior, no obstante la adscribe a la sociedad civil organizada que no sólo participará en toma de decisiones de las políticas públicas sino que ejercerá el control en todos los niveles del Estado y en todas las instituciones o empresas que administren recursos fiscales.

A la fecha, el nivel municipal es el que más ha avanzado en la aplicación del Control Social por la normativa existente, sin embargo el Comité de Vigilancia, que es la instancia representante de la sociedad civil organizada ante el Gobierno Municipal responsable de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en la gestión social de la municipalidad, al ser delegado ha cumplido medianamente sus funciones.

Los casos de “congelamiento” de recursos por denuncias del Comité de Vigilancia debido al incumplimiento de ordenanzas y resoluciones municipales cuyo propósito es precautelar el buen manejo de los recursos públicos, han casi desaparecido, por el gran perjuicio que esta sanción ocasiona a la gestión municipal, siendo la misma sociedad civil que no permite que el Comité de Vigilancia tome esta medida; lo que muestra claramente que el instaurado Control Social ha pasado a un segundo plano, limitándose a los denominados pronunciamientos favorables sobre el Plan de Desarrollo Municipal, POA y Presupuesto, Ejecución Presupuestaria y la Evaluación Semestral sobre el cumplimiento de políticas, planes y proyectos, siendo comunes los casos en los cuales estas firmas responden al compromiso político, y lo peor, que el Ejecutivo municipal pague ciertos montos por las mismas o las obtenga a cambio de favores personales a los miembros del Comité de Vigilancia.

Este es un gran problema que se suscita porque el Control Social es delegado, por lo tanto “comprable o vendible”, por ello debería vislumbrarse una nueva forma de control social que sea directa y de responsabilidad colectiva, es decir que no caiga en unas cuantas personas que a título de representantes de la sociedad civil vulneran su gran responsabilidad, tarea no tan fácil y que corresponde a nuestros actuales legisladores que tienen la misión de aplicar la “Nueva Constitución y poner en vigencia el Título VI denominado “Participación y Control Social”, que no sólo llegará a los gobiernos municipales sino también a las empresas públicas. Reglamentación que deberá construirse en un gran debate con amplia participación de la misma sociedad que ejercerá el control social y deberá considerar el sinfín de experiencias vividas, tal vez así se pueda luchar contra la corrupción que tanto daño ha hecho y está haciendo a Bolivia y al partido de gobierno.

*Karina Moreno S.
es economista.