Profesionalismo y corrupción
William Kushner *

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Gestionar mandos medios y puestos administrativos en la Administración Pública (AP) no debería ser sólo cuestión de vocación —y su vertiente romántica de altruismo o de simpatía ideológica— sino también de profesionalismo, incentivos-penalizaciones y motivación adecuadas. Sin un apropiado combinado de estas tres directrices dentro de un diseño político institucional a-democrático, jerárquico y reglamentado, las políticas de mejora, anticorrupción y modernización de la AP caerán —como siempre— en los vicios del clientelismo político.

A su propio ritmo la Superintendencia de Servicio Civil (SSC) que fuera creada por Ley 2027 en 1999 (Ley del Estatuto del Funcionario Público) con “espíritu imparcial” de autonomía técnica, operativa y administrativa no reluce por sus logros esenciales aunque hayan algunos secundarios de gestiones anteriores. En su lugar, nos regala dos duras paradojas: la primera, que la institución que supuestamente vela por la imparcialidad, estabilidad laboral y profesionalismo en la AP experimenta relevos en sus directivos no ya sobre acuerdos políticos o procedimientos legales (terna propuesta por dos tercios del total de miembros del Senado) sino por imposición partidaria. No extraña ver cómo adulan en su portada electrónica, siguiendo la etiqueta sindical de compañerismo, “la dinámica impartida por el compañero Presidente...”.

Y dos, resulta además de paradójico, anecdótico que el encargado de combatir los interinatos para instaurar una carrera administrativa sólida, el Superintendente, sea designado “parcializada e interinamente” por el Presidente de la República.

No sabemos si los funcionarios/servidores(as) públicos que son —y que fueron— reclutados por mérito o por pruebas de fidelidad partidaria (sujetos a incorporarse por experiencia y antigüedad en la carrera administrativa) estén conscientes de que su situación es dramática debido a que la voluntad del Gobierno por no llegar a ningún acuerdo con el Senado, y viceversa, termina poniendo en entredicho cualquier proceso de reclutamiento y promoción en su carrera. Su estabilidad y su profesionalismo son tan frágiles como la imparcialidad del órgano que los regula. Un asunto que debería ser interpretado no como la puesta en duda de los méritos o de la experiencia de los funcionarios/servidores(as) solamente, sino como un problema de “captura” por el manejo político que desvirtúa —de origen— la figura reguladora y que altera los principios de imparcialidad y profesionalismo.

La pauta filosófica que parece definir el criterio del Gobierno respecto a las instituciones es que la imparcialidad no es un valor, que es “una excusa para quienes toman ventaja de ésta” y que sólo es posible en teoría, por lo tanto, ¡o se es del partido o no se es patriota! El problema es que ese criterio no corrige la probabilidad de que “los suyos tomen ventaja de su parcialidad”.

El criterio político es curioso. No puede ser más profesional o “correctamente parcial” por pertenecer a un partido u otro; pero sí puede someterse la profesionalidad a las pruebas de fidelidad que —sabemos— exige el clientelismo político.

El clientelismo en la AP y la captura política de las instituciones técnicas sólo consiguen que el profesionalismo, los incentivos - penalizaciones y la motivación adecuadas para los servidores y servidoras públicas, se hagan imposibles.

Otros, hablan ya de corrupción.

*William Kushner
es especialista en Opinión Pública.