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Antes de entrar en esos acontecimientos lamentables, el informe se refiere a la situación general de los derechos humanos en el país el 2008, y alude a una serie de hechos relacionados con las amenazas a la libertad de expresión, atentados contra los medios, amedrentamiento de periodistas, amenazas a las propias organizaciones de derechos humanos, y otros.

El documento pone en relieve las detenciones irregulares, la falta de diligencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, además de la recurrencia de los linchamientos.

Sobre el tema más publicitado, el de Pando, el informe hace algunas precisiones. Para comenzar, la ONU ha decidido llamar “masacre” a lo que ocurrió el 11 de septiembre, a pesar de que los funcionarios de la Prefectura de ese departamento dicen que fue un enfrentamiento, porque hubo muertos de ambas partes.

Un anterior informe, elaborado por los expertos convocados por Unasur, señala 19 muertos, pero el de la ONU habla sólo de 11. Como se sabe, después del documento de Unasur, aparecieron, vivos, cuatro de los ciudadanos dados por fallecidos en ese reporte.

Ese informe, según se fue demostrando, careció de seriedad, porque en pocos días se evidenció la falta de rigor técnico y una extraña parcialidad en un caso tan sensible que costó la vida de bolivianos.

El trabajo de la ONU dice que la muerte de 11 personas, sobre todo campesinos y normalistas, constituye una violación de los derechos humanos cometida por funcionarios de la Prefectura, del Sedcam, miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la Prefectura de Pando. Pero, además, hace referencia a los funcionarios de la administración departamental que perdieron la vida a manos de sus victimadores. Aclara que corresponde a la justicia boliviana establecer el grado de responsabilidad de los agentes estatales en estos hechos y pregunta si el rol cumplido por los uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana fue el correcto, porque existen indicios de que pudieron haber evitado estos hechos sangrientos o, cuando menos, disuadido a los dos bandos.

En una observación igualmente clara, aunque no subrayada por los medios de comunicación, el documento dice que los funcionarios del Estado que aplicaron el estado de sitio subsiguiente habrían cometido excesos incompatibles con los estándares constitucionales, “concretamente en relación con los derechos a la libertad e integridad personales”.

En resumen, el documento plantea la necesidad de ampliar la investigación hacia hechos, momentos y protagonistas que hasta ahora no fueron señalados por la Fiscalía boliviana. Ahora, lo destacable del informe es la recomendación de que las autoridades judiciales velen por el debido proceso contra todos los involucrados, lo que, como se ha señalado en anteriores oportunidades, no ocurre en este caso. En suma, ésta es la comprobación —lamentable— de que la crisis política boliviana tiene muy ocupados a organismos internacionales y a los países amigos, pues la imagen del país está deteriorada.