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El lunes 30 de marzo, los principales dirigentes de la oficialista Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco e Isaac Ávalos, anunciaron para el 1 de abril el inicio de un cerco al Congreso. Surco aseguró que llegarían “entre 4 mil y 5 mil campesinos a la plaza Murillo”.

Ese día, ambos dirigentes, junto a otros de la Conalcam, se reunieron en La Paz y decidieron suspender el cerco hasta después del 14 de abril y, en su lugar, instalar una vigilia de dirigentes a partir del martes 7, día en que comenzó el diálogo parlamentario sobre la ley electoral transitoria.

Un día antes, el lunes 6 de abril, el jefe de bancada del MAS en Diputados, César Navarro, reveló que, además de la vigilia, los parlamentarios masistas decidieron fracturar el bloque de la oposición, y si ello no funcionaba, presentar sus renuncias en caso de que el Congreso no apruebe la ley hasta este 8.

Finalmente, el 7 comenzó el diálogo y el presidente Evo Morales dijo que los legisladores masistas no le informaron sobre ninguna intención de renuncia.

El 8 se instaló la sesión de Congreso para tratar la ley electoral, sin vigilia ni cerco social, pero con la amenaza cada vez más fuerte de la renuncia colectiva de los parlamentarios masistas.

Senadores como Ricardo Díaz y Félix Rojas se pasearon por los pasillos del Congreso con sus cartas de renuncia, anunciando que las presentarían a medianoche si no se aprobaba la ley.

La amenaza provocó que la oposición denunciara el intento de instalar en el país una dictadura e incluso el Alto Mando Militar y Policial analizó los efectos de esta medida en una reunión en el Palacio del Gobierno.

Al final, como ocurrió con las otras, esta amenaza tampoco se concretó y, por el contrario, abrió paso a otra estrategia: la huelga de hambre, que el presidente Evo Morales decidió encabezar desde el Palacio de Gobierno.

A la par de ello, se reactivó la idea de fracturar a la oposición.