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“En las próximas horas habrá un pronunciamiento”, anunció ayer a La Razón el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, mientras que el canciller, David Choquehuanca, señaló que, si bien no tiene información oficial y prefiere no especular, “lo evidente es que hay normas internacionales, causales (para otorgar asilo) y cuando se trata de crímenes de lesa humanidad (como el caso antes referido), el asilo no procedería”.

El viernes, en Lima, el canciller peruano, Jose Antonio Belaúnde, informó que su gobierno otorgó asilo a un ex ministro del gobierno de Sánchez de Lozada y reveló que evalúan otros dos pedidos. Ayer, mediante una carta enviada desde el Perú, Jorge Torres confirmó que él es el beneficiario de un “estatus de asilado político”, que comenzó a tramitar desde que se trasladó a ese país el 3 de febrero de este año.

El senador oficialista Gastón Cornejo (MAS) manifestó ayer que la acción del Gobierno peruano podría, nuevamente, deteriorar las relaciones con Bolivia. “Es criticable esa acción política. El Perú no tiene por qué conceder asilo a gente que está siendo perseguida por la justicia, que es un poder independiente. Los ex ministros de Goni no son perseguidos por el Estado para que se les otorgue protección”.

El también oficialista y presidente de la Comisión de Constitución y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, René Martínez, lamentó, según la agencia ANF, la decisión del vecino país y coincidió que esa actitud podría afectar las relaciones con el gobierno de Alan García.

El canciller Choquehuanca complementó que en este caso corresponde comunicar de manera oficial al Perú que existe un proceso judicial contra los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada. “Seguramente la parte civil nos hará llegar la documentación en estos días”, expresó.

El viernes, desde Perú, la ex ministra de Sánchez de Lozada, Mirtha Quevedo, anunció que retornará al país una vez que exista “la seguridad de un juicio justo” y dijo que no pidió asilo político.

El fiscal Milton Mendoza, que lleva adelante las investigaciones por las muertes de octubre del 2003, informó que la Corte Suprema programó para este miércoles, a las 10.00 de la mañana, una audiencia en la que presentarán la solicitud de medidas cautelares. “Esperemos que no sea tarde, considerando que ya son pocas las ex autoridades que se encuentran en Bolivia”, señaló.