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“El Estado peruano, a solicitud mía, ha decidido brindarme protección bajo el estatus de asilado político”, señala Torres en la misiva, en la que además revela que se trasladó a ese país el 3 de febrero y anuncia su determinación de continuar bajo esa protección “mientras se den las condiciones mínimas necesarias para un debido proceso”.

Torres, junto a Sánchez de Lozada y otros 10 colaboradores de ese régimen, es procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en octubre del 2003, cuando una revuelta popular expulsó al ex Presidente tras una matanza que cobró la vida de más de 60 personas. El 18 de este mes se inicia el juicio.

Torres recuerda en su carta que renunció a su cargo antes de que se produzca la masacre y que fue procesado no obstante que la Comisión Mixta de Constitución del Congreso que analizó el caso encontró que no existe materia justiciable en su contra.

“No rehuí ni pretendo rehuir a la justicia... debo continuar trabajando para sustentar a mi familia, y especialmente a mis hijos menores de apenas 7 y 6 años... que tienen derecho a un hogar, a la tranquilidad y a un futuro digno”, señala el ex ministro.

También pide que se realicen todas las gestiones para que el caso de octubre del 2003 pase a ser juzgado en la Corte Penal Internacional. “Si las autoridades competentes y los actores involucrados están verdaderamente interesados en el establecimiento de la verdad histórica... se debe dar curso a la presente solicitud”, señala Torres, tras reiterar que no es responsable por lo que se le acusa.