Formato anticorrupción
William Kushner *

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El 51% de los bolivianos piensa que entre los políticos hay más corrupción que en el resto de la sociedad y, que si los funcionarios públicos fueran un total de cien, 67,5 (promedio) serían corruptos. Esos son algunos de los escalofriantes datos para Bolivia que corresponden al reporte del Latinobarómetro publicado el 2008.

Algunos expertos dirían que esos son sólo datos de percepción, que en realidad no reflejan los comportamientos, y recurrirían al mismo reporte para señalar que el conocimiento de un acto de corrupción ha disminuido de 26% el 2001 a 15% el 2008 (según las 20.000 encuestas realizadas a ciudadanos y ciudadanas de toda la región). En otras palabras, si bien la percepción se incrementa, parece que los comportamientos de corrupción bajan. Ante tal razonamiento, sin embargo, muchos no estarían de acuerdo ya que para otros expertos el hecho de tener conocimiento de un acto de corrupción podría, en su lugar, estar reflejando algo contrario: la voluntad decidida de los gobiernos por combatirla de forma pública y transparente. Algo muy distinto a creer en el incremento de la conducta corrupta.

Si aún la información técnica tiene sus debates y limitaciones teoréticas, imagínese si lo traducimos a la esfera político-partidaria, a esa parte de la sociedad que los bolivianos consideran en un 51% más corrupta que cualquier otra.

Lo paradójico de la lucha contra la corrupción es que requiere de la voluntad política del conjunto de los representantes políticos para conseguir que su efectividad no se vea amenazada por los intereses de sus gobiernos. Como se diría en antiguo, para que se convierta en una política de Estado y no de gobiernos.

Durante la década de los 90, proliferaron las Oficinas Anticorrupción en casi toda la región, el formato organizativo pretendía crear una institucionalidad con autonomía e independencia política y financiera para conquistar credibilidad. Estas oficinas emergieron gracias a un mandato presidencial (no del conjunto de las fuerzas políticas); fue el momento en el que los presidentes al más alto nivel aceptaban someter su gestión al escrutinio público, y dejar que cayera quien tuviera que caer. Pero los efectos de tal convicción durarían en cambiarla poco. En Bolivia, por ejemplo, recordamos el caso Macororó que enfrentó por primera vez (diría, por la naturaleza y fuerza del mandato presidencial) al presidente Sánchez de Lozada con el vicepresidente Mesa, quien dirigía la Secretaría Anticorrupción en ese entonces y había conocido de la utilización de soldados sin salario para activar una empresa privada. El Gobierno no supo capitalizar políticamente la autonomía e independencia que comprometió, y después de un serio remezón, el ministro de Defensa, Freddy Teodovic, fue invitado a renunciar. La oposición, la que no debía según el formato organizativo, sí que sacó su buen tajo.

La Oficina Anticorrupción no existe más, pero se ha constituido vía Decreto Supremo 29894 en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El ministerio por su propia naturaleza no responde a un mandato de autonomía e independencia, está vinculado directamente al ejecutivo como una política de gobierno. Este formato impide creer en la imparcialidad de la lucha, pero las acusaciones sobre diversos casos de presunta corrupción salen a diario gracias a los medios de comunicación (contrabando, contratos, etc.) Es contraproducente investigarlos, pero también dejar de hacerlo. Por el momento, a falta de una política de Estado y aunque el formato ministerial sea poco fiable, conformémonos y veamos qué pasa con las conductas. Igual hay sorpresas.

*William Kushner
es especialista en Opinión Pública.