Chabacanadas y exilios
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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Es lamentable que dos jefes de Estado se repartan improperios lindante en lo tabernario. Que Evo Morales le llame algo así como “gordito” al robusto Alan García, es una impertinencia, candorosa, pero impertinente. Que el peruano le retruque diciéndole que él no se fija en las curvas de los varones, es un sarcasmo extremadamente incisivo. Y que el canciller limeño, José García Belaúnde califique a Evo Morales de “chabacano” y, a su vez, el Presidente de la República de Bolivia le encaje este mismo calificativo al del Perú, es otra grosería. Esta es una reyerta gañanes que da vergüenza ajena, pero en la que Don Evo queda peor parado que Alan ante el mundo.

Ahora bien, el intercambio de insultos no es nada si se compara con el problema de los ciudadanos bolivianos que han solicitado protección diplomática al Perú y que ha provocado las iras de Don Evo hasta el punto de exigir al Gobierno de Perú que los expulse.

Pues, empecemos recordando que la protección diplomática o el asilo político siguen desempeñando un papel relevante en el Derecho Internacional contemporáneo. Y que, si bien, su aplicación no es obligatoria, sí que es facultativa del Estado que lo otorga. De hecho, los países latinoamericanos pueden gloriarse de su tradición humanitaria, de conceder la protección diplomática y asilo político a quienes la requieran y justifiquen, pues, dada la fragilidad de la vida política de la región, muchos ciudadanos no se hubiesen librado de la sañuda persecución de los gobiernos autoritarios y dictatoriales. ¡Cuántos bolivianos, de distinto color político se beneficiaron del asilo diplomático y salvaron el pellejo!

Ahora bien, según acreditados tratadistas, la protección diplomática está mediatizada por la razón soberana del Estado y también depende de consideraciones de oportunidad política. Este es nuestro caso. Por citar sólo un ejemplo, el año pasado la Cancillería boliviana denegó la demanda de extradición del peruano Wálter Chávez (quien ejerció como asesor en el Palacio Quemado de La Paz), imputado por el Ministerio Público de su país del delito de extorsión y militancia en el Movimiento Revolucionario Túpac Katari. La decisión fue un ejercicio legítimo de un derecho soberano de Bolivia. Por la misma razón, el Gobierno de Perú no está dispuesto a conceder la expulsión que exige el presidente Morales. Una razón es simplemente porque al Perú no le da la soberana gana. En segundo lugar porque la calificación de los delitos que Bolivia achaca a los refugiados es privativa del Estado que otorga la protección. Y que el presidente Morales clame al Tribunal Penal Internacional de La Haya, a ver si le hacen caso.

Algo más. El argumento de que los refugiados gozan de todas las garantías en su propio país, no es cierto. Varios de ellos están perseguidos por la policía (política). La semana pasada, gente armada trató de allanar la casa en que vivió un tiempo el ahora refugiado en Perú, Jorge Torres Obleas. Pero el domicilio está habitado por otra familia. Así que la gente armada tuvo que retirarse con la cola entre piernas.

No nos engañemos: que hay persecución, la hay. Por eso, numerosos ciudadanos bolivianos han buscado protección diplomática en otro país. Como en los peores tiempos. El Gobierno no puede presumir de que no haya exiliados políticos.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.