La justicia desmantelada
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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Entre los demoledores ataques que el actual Gobierno propina a las instituciones fundamentales del Estado de Derecho, los de mayor gravedad son los dirigidos contra la administración de la justicia. En el falaz proceso de cambio del que alardea el Gobierno está el desmantelamiento, desde el Tribunal Constitucional, hasta la Corte Suprema de Justicia, pasando por las cortes de distrito y los juzgados.

Antes de pasar adelante en este análisis, convengamos en que una administración de justicia ineficiente, lenta y frecuentemente corrupta, no sólo es inoperante para alcanzar los objetivos para los que fue creada, sino que erosiona las bases mismas de la legitimidad del Estado, de la convivencia civilizada y democrática entre las personas.

En este sentido, hay que lamentar el proceso sistemático de politización de la justicia, al mismo tiempo que la judicialización de la política. En efecto. El Gobierno envenena a los tribunales con ideas peregrinas. Descabezó al Tribunal Constitucional, y trata de proscribir al actual presidente de la Corte Suprema. Simultáneamente, persigue por vías supuestamente legales a políticos que le son incómodos.

A esto se añade la irresponsable justificación de la llamada justicia comunitaria. El último caso fue la humillante flagelación del dirigente indígena oriental Marcial Fabricano, según todas las evidencias, por parte de agentes oficialistas.

Obligatorio es insistir en que la constitucionalización de la justicia comunitaria es uno de los grandes errores de la nueva Carta Magna masista. Es el regreso a un procedimiento (si así puede llamarse) discrecional, arbitrario, inquisitorial, con clara desigualdad entre las partes, en perjuicio del presunto delincuente. Su sistema de pruebas legales está plagado de elásticas presunciones que permiten probar casi cualquier acusación contra el reo, el cual dispone de muy menguados recursos pasa su defensa. Incluso, como ha ocurrido en los últimos casos registrados, permite los castigos corporales y las torturas, penalidades que están expresamente prohibidas por la Constitución y las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Frente a estos desatinos, traigo a colación una de las felices innovaciones que logró introducir en la doctrina jurídica penal el Marqués de Beccaria, allá por el siglo XVIII. La justicia penal —afirmaba el jurista italiano— debe ser pública, y el proceso acusatorio debe ser también público y meramente informativo; las pruebas serán claras y racionales. La tortura debe ser eliminada, lo mismo que todo el proceso inquisitivo.

Da pues vergüenza ajena que haya dirigentes que justifiquen la justicia comunitaria y, encima, atribuyan la investigación de los hechos a los propios ejecutores del crimen.

Tales aberraciones son tanto más graves cuando hay que enfrentar amenazantes tan perversas como el narcotráfico y el terrorismo. No es ningún secreto y las últimas estadísticas revelan que la producción y el tráfico de drogas aumentaron en los últimos años. Y sobre el terrorismo, los medios de comunicación nos saturan con informaciones sensacionalistas sobre el delirante grupo de extranjeros, de complicados apellidos, que —dicen— iban a tirar bombas y disparar metralletas a diestra y siniestra. Los tiros los encajaron tres de ellos.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita
y director de ANF.