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“Esta norma no es retroactiva como lo quieren hacer creer los opositores”, respondió la autoridad, durante la conferencia de prensa en la que junto al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presentaron y explicaron el contenido y los alcances de esta disposición legal.

En la tarde, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, y el asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, en dos conferencias de prensa distintas, defendieron el decreto y coincidieron en que su aplicación no será retroactiva.

Legisladores de la oposición señalaron que el decreto debe aplicarse para quienes en el pasado también estuvieron involucrados en atentados contra el Estado, en referencia al actual vicepresidente Álvaro García, quien fue parte del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).

San Miguel respondió que los “opositores al oficialismo buscan confundir a la sociedad boliviana al mencionar que con el decreto supremo debía procederse con la incautación de bienes del vicepresidente García Linera”.

El Decreto Supremo 0138 autoriza a la Fiscalía solicitar a un juez la incautación de los bienes, valores y dineros de las personas que resulten vinculadas con la conducta o el delito de terrorismo, alzamiento armado y sedición contra la seguridad y soberanía del Estado.

Gamarra informó que la disposición se aplicaría en las vinculaciones que se hallen en el caso Rózsa.

ANTECEDENTES

Solicitud • El presidente Evo Morales anunció en abril la aprobación de una disposición legal que castigue a los posibles financiadores de acciones irregulares en el país.

Aplicación • El decreto supremo se aplicará a partir de una orden del juez, quien deberá valorar y fundamentar su decisión para la incautación de los bienes de los acusados.