Un decreto cavernícola
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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A poco que se descuide, usted puede ser acusado de terrorista y desposeído de todos sus bienes, muebles o inmuebles, patrimoniales o gananciales. ¿Usted se imagina a un respetable director de un medio de comunicación independiente con una metralleta y una granada de piña en sus manos, dispuesto a financiar y participar, si se tercia, en un alzamiento armado? ¿Es imaginable una de las distinguidas presentadoras de televisión, pertrechada con un fusil de asalto ruso Kalasnicov o ejerciendo de espía, cual moderna Mata Hari que la fusilaron los franceses en 1917, en la segunda mitad de la Guerra Europea? Pues, en estos dos supuestos se transparenta el fondo sobre el que se ha concebido, escrito y dado a luz el Decreto Supremo 0138, en virtud del cual, basta que a un fiscal ligero de cascos y liviano en doctrina procesal penal, le vea a usted con cara de terrorista, para que le expropie hasta la camiseta. Muy en particular si usted tiene algo que ver con la prensa independiente. Pues a eso va, preferentemente, a los medios de comunicación, el Decreto Supremo que comento.

En círculos jurídicos del país, así como en la mayor parte de la gente que piensa correctamente, el decreto leído por el Ministro de la Presidencia de la República, seguramente para otorgarle mayor solemnidad, ha causado alarma y estupor. En efecto, el citado D.S. se salta a la torera la presunción de inocencia; el fiscal puede ordenar la incautación de los bienes, aún antes de que el juez dicte sentencia; se da por hecho que el tribunal le juzgará irremisiblemente culpable, ya que el decreto no prevé la posibilidad de que sea usted inocente. Total que, si usted tiene la mala suerte de caer en manos de un fiscal rabiosamente fiel al Ministerio de la Presidencia, considérese muerto civil, e irremisiblemente desposeído de cuanto, hasta este momento, poseía.

Esto supuesto y puestos a considerar los orígenes de tan arbitrario Decreto Supremo, ¿no será ésta una reminiscencia instintiva de la “justicia” medieval, traída e impuesta por los colonizadores europeos hace 500 años o, por el contrario, no será la exhumación de la milenaria y cósmica “justicia originaria”? O si usted prefiere hablar en moderno, habrá que preguntarse si no se trata de un ejemplo de “creatividad jurídica” o, más inteligible, de la judicialización de la política que viene practicando el Gobierno del MAS. Porque si nos atenemos al fondo de la cuestión, aquí se busca perseguir hasta las últimas consecuencias —¡compañeros!— a cuanto adversario político se atreva a respirar. O dicho de otro modo, el Ministro de la Presidencia que es el que manda, o el de Gobierno que le sigue, puede inculparle a usted querido lector como posible terrorista y cualquier fiscal obsecuente, le deja a usted en la mera calle. En cualquier caso, es un decreto cavernícola.

La disposición gubernativa que comento (nótese que no salió del Poder —órgano se dice ahora— Legislativo, sino del Palacio de Gobierno) forma parte de la artillería con la que el Órgano Ejecutivo amenaza la seguridad jurídica de las personas.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.