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Ballivián instó a los comercializadores a adscribirse al plan de reinserción para luego ingresar a la segunda fase de capacitación del proyecto, que les permitirá acceder al financiamiento para la ejecución de nuevos emprendimientos productivos o la reinserción a una actividad formal.

En El Alto y en La Paz cerca de 250.000 personas viven de la venta de esa mercadería, según datos proporcionados por Maggy Hillari, una de las vendedoras.

Respecto al comercio de la ropa usada, Ballivián ratificó ayer que el Gobierno no cambiará su posición sobre la ropa usada y que mantendrá el Decreto Supremo 28761, dictado hace dos meses, que prohíbe este comercio en el país.

En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo no accederá a convocar a un referéndum propuesto por los vendedores y que ´no habrá mayores ampliaciones´.

Determinaciones

Cumplimiento • La ministra Patricia Ballivián dijo que desde ayer se intensificaron los controles para poner freno a la comercialización ilegal de ropa usada en el país.

Coordinación • Para una mayor fiscalización, la Cancillería boliviana hará gestiones con el Gobierno de Chile para cortar la internación de las prendas desde el lugar de origen.