Excesos de un fiscal
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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Un fiscal de La Paz cometió el error de emitir una citación al Sr. cardenal, Julio Terrazas, para que se presente a declarar, en calidad de víctima, en la ciudad de La Paz sobre el atentado dinamitero perpetrado en la residencia cardenalicia, ocurrido hace casi dos meses.

Antes de seguir adelante, hay que decir que el anuncio de la supuesta citación fue divulgada por algunos medios de comunicación sobre la base de la declaración del fiscal. La citación nunca llegó a manos del destinatario, Mons. Terrazas. Con esto, podríamos dar por terminado el asunto y santiamén.

Pero hay más. Un fiscal de distrito no puede obligar al Cardenal a ir a La Paz ya que, en la distribución territorial de la Administración de la Justicia, la jurisdicción propia de Mons. Terrazas es el distrito judicial de Santa Cruz de la Sierra. Tampoco es aceptable que el Ministerio Público requiera el traslado de una persona de avanzada edad y con problemas de salud. Por último, aunque no el final, no se llama a declarar a la autoridad máxima de la Iglesia en Bolivia como si se tratara de un malandrín cualquiera. El fiscal mencionado no tiene idea de la jerarquía y calidad de las personas.

Tengo para mí que éste es un nuevo hecho que se repite día a día: que cuando hay problemas que el Gobierno es incapaz explicar de manera convincente y, mucho menos, de resolver. Entonces, dispara los fuegos artificiales que ya tenía preparados en su variado arsenal, para mantener a la prensa dócil y, con ello, tener desinformado al puedo llano. Lo de siempre. Las chapuzas mediáticas destinadas a tapar los huecos. Y es que, muy especialmente en Santa Cruz, ocurren cosas preocupantes. Se multiplican los asesinatos nunca aclarados ni juzgados ni debidamente sancionados, los ajustes de cuentas entre delincuentes, la inseguridad ciudadana aumenta, el culebrón del aventurero Rózsa sigue llenando páginas. Día por medio aparecen fotografías y testimonios —auténticos, falsos o confusos— de esos delirantes terroristas que, en lugar de procurar no ser descubiertos, orquestaron un espectacular tinglado de auto-bombo que les costó el alto precio de dos muertos.

Entonces, la maquinaria informativa del Gobierno que estira o afloja las riendas del poder en las instituciones del Estado, según le convenga, vuelve a molestar al Cardenal, lo que forma parte del hostigamiento a la Iglesia Católica que este Gobierno ha venido practicando con esmero desde que asumió el poder. Este inútil exhibicionismo leguleyo ya se ha hecho una mala costumbre adquirida a fuerza de repetirse.

En lugar de proponerse derribar las instituciones principales del Estado de Derecho, los políticos dedíquense a devolver a la Administración de la Justicia, el respeto y majestad que ella merece y que en estos tiempos de populismo desmelenado y “sans-coulotte” se está convirtiendo en un corralito de polluelos que prefieren la arbitrariedad y el capricho personal a la noble servidumbre de la ley que es la única que no envilece.