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En contraparte, parlamentarios de la oposición analizan el inicio de una causa contra Salguero por este mismo caso, por el supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, según informó el diputado Dayler Andrade (UN).

“Esto nos da muy mala señal porque dos integrantes del Poder Judicial están sumándose a la obstaculización de la investigación y a poner piedras en el camino (...) están vulnerando normativas y de ser así podrían ser pasibles a un proceso por prevaricato”, sostuvo Salguero.

El fallo de las vocales Teresa Rosquellas y Elena Loventhal decidió dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión que había aprobado la Comisión de DDHH en contra de Cava, debido a su supuesta participación en las vejaciones contra campesinos el 24 de mayo del 2008.

“Esta audiencia se hizo a puerta cerrada y no se permitió entrar al abogado de las víctimas; se realizó entre gallos y medianoche”, argumentó Salguero.

Según Andrade, Salguero incurrió en aparentes irregularidades al atribuirse competencias que sólo le corresponden al Ministerio Público.