Imprime esta nota Recomienda esta nota Recomienda en Facebook Opiniones sobre esta Nota

Tanto la nueva Constitución Política del Estado como el modelo económico que trata de implementar el Gobierno constituyen para algunos empresarios y analistas un freno para la inversión privada nacional, pero sobre todo para la extranjera directa. Los factores mencionados generarían un clima de “inseguridad jurídica” no propicio para hacer negocios, por lo que los inversionistas extranjeros preferirían optar por otros países.

Estas afirmaciones desconciertan porque se las lanza en momentos en que en algunos sectores que más interesan a las personas mencionadas, la inversión extranjera directa (IED) en particular, manifiesta un crecimiento significativo luego de un largo periodo de letargo. Los siguientes datos expresan este comportamiento:

Inversión extranjera directa bruta
(miles dólares U$)
Sectores 2007 2008
Hidrocarburos 162,7 376,5
Minería 319,7 477,8
Total extractivos 482.4 854.3
Industria 142.6 102.2
Fuente: En base Banco Central de Bolivia 2009 (preliminar).

La IED bruta en los sectores extractivos creció en el último año, en nada menos que en 77,1 %, algo por cierto notable y, para algunos, inesperado en tiempos de cambio de modelo (datos preliminares). Los datos expresan, por consiguiente, la confianza de los inversionistas extranjeros, tanto en el modelo que se construye, como en el ambiente de negocios en el sector extractivo del país.

Los datos no pueden ocultar, sin embargo, la debilidad de la economía respecto al mayor dinamismo de otros países latinoamericanos. No ocultan, sobre todo, y esto es lo preocupante, el atraso y el bajo dinamismo del sector industrial manufacturero (-28,3 % en un año) y agropecuario, es decir, actividades tan importantes para el desarrollo del país y para la generación de empleos e ingresos para la población.

En países como Chile, Perú o Colombia la IED el 2008 llegó a 5.234, a 8.305 y a 10.564 millones de dólares respectivamente, es decir, a magnitudes 10 a 20 veces mayores que en Bolivia (datos preliminares). Por otra parte, mientras en Bolivia la inversión total, incluyendo la privada nacional y la pública, constituye históricamente entre el 13 al 15% del PIB, en los países vecinos fluctúa alrededor del 20% y más. En los países “emergentes”, por otra parte, es decir, en los que efectuaron en las últimas décadas importantes avances hacia el desarrollo, como Corea del Sur y Chile, la inversión total se sitúa alrededor de 30% del PIB o más. Estos datos ilustran los esfuerzos por hacer para avanzar al desarrollo.

Argumentos sobre la baja inversión. Los empresarios y analistas insinuaban últimamente que el nivel de la inversión global sería bajo sobre todo por que no “existiría seguridad jurídica”. Esta afirmación no toma en cuenta, por una parte, la dinámica existente expresada en los datos del cuadro y, por otra, el hecho de que la baja inversión constituye una constante histórica a través de las décadas y de los modelos económicos implementados.

Es notorio que los analistas mencionados sienten nostalgia al comparar los niveles recientes de inversión con los alcanzados durante el periodo de la capitalización (1996-2002). La capitalización se caracterizó, en efecto, por la elevada inversión extranjera en algunos sectores extractivos y de servicios como en el gas, en la electricidad y en las telecomunicaciones. Estas actividades previamente estatales se caracterizaban por su alta rentabilidad y por su carácter monopólico, factores atractivos para los inversionistas.

Esta IED se caracterizó, sin embargo, por construir enclaves cerrados sin conexión dinámica con otros sectores productivos, sin relaciones de arrastre y empuje especialmente con las ramas manufactureras y agropecuarias. Esa IED no generó el desarrollo proclamado del empleo y de los ingresos para beneficio del país. Otros modelos implantados, como el “nacionalista revolucionario”, tuvieron las mismas características, al privilegiar la inversión nacional como extranjera en los sectores extractivos y al desdeñar el desarrollo del “mercado interno”, es decir, de los sectores industrial manufacturero y agropecuario.

Baja inversión en la agricultura y en la industria. ¿Por qué la inversión privada nacional y extranjera no se dirige a la industria manufacturera y a la agricultura? ¿Por qué estos sectores no llaman la atención a los empresarios y analistas mencionados? Existen en realidad factores poderosos que impidieron históricamente la inversión en estos sectores. La capitalización fue simplemente un hecho reciente. Como factores bloqueadores de la inversión en el sector industrial manufacturero se encuentran en particular las estructuras monopólicas y oligopólicas dominantes. En cuanto al sector rural campesino y a la empresa agrícola media, los factores bloqueadores están constituidos sobre todo por las estructuras monopsónicas y oligopsónicas.

En el sector empresarial urbano, cada una de las cadenas productivas industriales (madera, bebidas, cuero, textiles, etc.) se encuentra dominada por una, dos o tres empresas que concentran alrededor o más del 90% de la producción y del mercado. Este inmenso poder de control, inaceptable en un país desarrollado, constituye una barrera a la entrada para los inversionistas potenciales, tanto extranjeros como nacionales. Ningún nuevo inversionista podría ingresar a estas cadenas productivas por las barreras a la entrada impuestas por estos grupos. Una inversión adicional en estas cadenas significaría el peligro del aumento del volumen de producción y, automáticamente, la caída de los precios y de los beneficios extraordinarios de las estructuras monopólicas y oligopólicas.

Otros efectos de las estructuras monopólicas y oligopólicas son el freno a la innovación tecnológica hacia atrás y adelante en las cadenas productivas, el bloqueo al crecimiento de las miles de unidades productivas medias y pequeñas (las MYPES), el impedimento al crecimiento del empleo y de los ingresos para la población, el estancamiento de la productividad, de la competitividad externa y de las exportaciones. Estas estructuras, finalmente, constituyen los principales factores generadores de la pobreza urbana y rural y del desempleo.

En el área rural, es decir, en el sector de los pequeños y medios productores campesinos, las estructuras monopsónicas y oligopsónicas actúan aprovechando las grandes fluctuaciones de los volúmenes de oferta y de los precios rurales. En tiempos de cosecha, es decir, de sobreoferta estacional, los compradores monopsonistas y oligopsonistas (los intermediarios) adquieren los productos cosechados a precios irrisorios, lo que determina la caída vertical de los ingresos campesinos. De este modo la rentabilidad y los ingresos campesinos son siempre de pérdida, lo que determina el poco atractivo en estas áreas.

La existencia de estas estructuras dañinas de mercado, algo impensable en los países desarrollados, determina, por consiguiente, la presencia de un clima poco propicio para la inversión privada, tanto nacional como de la IED. Lo que frena históricamente la inversión no es, por consiguiente, una supuesta “falta de seguridad jurídica”, o la ausencia de un “clima político propicio”, sino la existencia desmesurada y descontrolada de grandes estructuras empresariales monopolistas y monopsonistas.

Bernardo Corro
es doctor en Economía.