Decretitis
José Antonio Aruquipa Z.*

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Mientras se esfuma la lista de candidatos a “Miss Conalde” y crece la nómina de postulaciones a “Mister De Balde”, el Gobierno implementa implacable su “revolución democrática y cultural” con el pretexto del “cambio”. Bolivia ya no es lo que era hace cuatro años. El “cambio” del Gobierno ha transformado radicalmente la realidad institucional democrática del país.

Antes del gobierno de Morales, el principio de control de la supremacía constitucional, es decir, la custodia del respeto a la ley suprema por parte de gobernantes y gobernados, estaba garantizada por el Tribunal Constitucional.

Ahora, con esa institución defenestrada, la Corte Suprema intimidada y el Congreso reducido a sicofante de opositores, los atropellos se imponen por decreto.

Por decreto se cambia el nombre de la República de Bolivia, se consiente el manejo irregular de fideicomisos y se aprueba falsas nacionalizaciones que encubren millonarias remuneraciones para las transnacionales.

Por decreto se define a La Paz como “ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo” y se viola la Constitución, el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Organización Judicial. No se sorprenda si después se aprueban decretos para encarcelar a quienes denuncian corrupción en el “Gobierno de la revolución” y sancionar a los que se nieguen a entonar el himno con el puño en alto o se animen a decir “pío” en una conferencia de prensa.

No proteste si luego de descabezar al máximo tribunal de justicia el Presidente posesiona por decreto —como ya lo hizo antes— a los magistrados en el Palacio Quemado.

Como la casa y la vestimenta del Primer Mandatario ya fueron incorporados al “patrimonio cultural de la nación”, tampoco sería extraño que pronto se declare, por decreto, el 26 de octubre como “feriado plurinacional” para conmemorar el nacimiento del “libertador” del Abi - Ayala.

Valoro, como orgulloso descendiente de aymaras, la trascendencia de la celebración tan ancestral como el “willka kuti (solsticio)” con su epicentro en Tiwanaku. Pero advierto que la pretensión de imponer esa herencia cultural a un país tan diverso como Bolivia es reflejo del extravío por decretitis que adolece el Gobierno.

El Ministro de Culturas asevera que el decreto pretende descolonizar Bolivia. Pero esa decisión gubernamental viola la norma suprema que en su artículo 9 define como función esencial del Estado “reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional”.

También se ignora que al decretar la observación del año nuevo aymara en todo el país, se atenta contra los derechos constitucionales a “la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto” de compatriotas que no son aymaras y habitan regiones con tradiciones y creencias distintas a las que se practican en el occidente.

El artículo 30 de la Ley de Leyes establece además que todos los pueblos de Bolivia tienen derecho a “su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión”.

Si aceptamos la lógica del Gobierno para justificar su decreto, tendremos que pedir designaciones similares para otras evocaciones igualmente arraigadas en otros departamentos.

Pero hay algo que el Gobierno no puede hacer por decreto: modificar el desencanto ciudadano que el 6 de diciembre puede concluir que para preservar el verdadero “cambio”, es imprescindible un “cambio” de Gobierno.

*José Antonio Aruquipa Z.
es periodista y ex constituyente
por Podemos.