El sepelio de la República
Humberto Vacaflor*

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El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, sospecha que el sepelio de la República de Bolivia tendrá “un costo incalculable”. Por disciplina masista, sin embargo, no se atreve a proponer que su partido cambie de idea y decida no avanzar en su proyecto de matar a la República que nació en 1825 y que desde entonces ha pasado por casi tantas vicisitudes como la primera república Romana, nacida cinco siglos antes de Cristo.

La muerte de la República de Bolivia ha sido decretada por el MAS en un caótico documento que decidió llamar Constitución Política del Estado y, para quienes no lo hubieran entendido, el Gobierno aprobó un decreto supremo por el que se ordena que nadie más, en ninguna parte, se refiera a Bolivia llamándola República.

Aquí hay un problema. Algún senador lo ha mencionado. El problema es que la Constitución elaborada de manera tan accidentada por el MAS utiliza la palabra prohibida y llama República a Bolivia: El artículo 11, inciso I, el artículo 145, el 202 (tres veces), el 339 y la Norma Transitoria primera (dos veces). Lo que lleva a un dilema: ¿se anula el Decreto Supremo 048 o se cambia la CPE?

Yo voto porque se cambie la CPE. Si este documento ahora encriptado fuera abierto para una revisión, habría que aprovechar para cambiar otros detalles que contiene y que no fueron advertidos ni en Sucre ni en el cuartel de Sucre ni en la sede masista de Oruro ni por todos los que metieron la mano en el documento.

Por ejemplo, se podría cambiar el artículo 30, por el que se declara el “uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales” en favor de los pueblos originarios que habitan cada lugar del territorio. Ese artículo está destruyendo la economía del país porque alienta a los originarios a exigir regalías extraordinarias para la explotación de los recursos naturales y desalienta a los inversionistas.

Si no se cambia ese artículo, el “costo incalculable” del sepelio de la República de Bolivia no podrá ser cubierto por las arcas nacionales. Salvo que el dinero para este sepelio se lo obtenga de otras actividades económicas, las non santas, aquellas que están en boga. La mafia estaría a cargo de los costos del entierro de la República. Lo cual no sería algo forzado porque, al fin y al cabo, si se mira bien, es la mafia la que inspiró a los que cometieron este verdadero magnicidio.

Y también se podría cambiar el artículo 362, responsable de que no existan inversiones petroleras.

Pero, ya que estamos, se podría decir entonces, por qué no aprovechar la oportunidad para cambiar la fecha de las elecciones de diciembre, que están poniendo al país y a la CNE en una carrera contra el tiempo.

Entonces, cuando se hubieran corregido todos los errores de la CPE, se tendría que llamar a un corrector de estilo. ¡Por favor!

Ese mismo corrector de estilo tendría que ser convocado también para escribir las cartas que nuestro Presidente envía al exterior en su rol de nuevo libertador, como aquella que envió a Puno, donde dijo que los españoles “pretenden seguir vendiéndonos oro por baratijas”. ¿No era al revés?

En fin, que la revisión de la CPE daría muchas oportunidades para correcciones urgentes. Y, una de esas, hasta se podría evitar la muerte de la República.

*Humberto Vacaflor G.
es periodista.