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La Contraloría General del Estado (CGE), ex Contraloría General de la República presentó, en total, 28 auditorías; en algunos casos, realizó dos o más análisis de un mismo municipio. De acuerdo con las normas, estas auditorías se cumplieron después de que las alcaldías ejecutaron su trabajo.

Por ello, si bien los informes han sido presentados en los últimos meses; las auditorías, en todos los casos, se refieren a gestiones pasadas.

En la lista de la institución figuran municipios de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí Santa Cruz, Tarija y dos empresas municipales de Cochabamba.

Del total de pronunciamientos de la CGE, 15 no tenían problemas, es decir, la Contraloría no observó el manejo financiero edil. Empero, en cinco de estos informes, la institución añadió recomendaciones a las comunas para que mejoren su trabajo financiero. Por ejemplo, que los funcionarios encargados de elaborar los documentos económicos, añadan algunos datos de respaldo de los gastos, criterios que suelen ser rutinarios en estos trabajos.

Entre los informes conflictivos, la Contraloría detectó ocho casos de responsabilidad civil; tres de responsabilidad penal; y dos de responsabilidad administrativa. Estas observaciones involucran a 68 funcionarios municipales y el mayor número de acusados se encuentra en el municipio cochabambino de Sipe Sipe.

De acuerdo con las normas de la institución, ésta puede emitir criterios sobre el manejo financiero de las organizaciones estatales, aunque no está facultada para iniciar acciones legales en contra de los posibles culpables.

Las responsabilidades que identifica la CGE son cuatro: civil, penal, administrativa y ejecutiva. La primera se refiere a las supuestas acciones reñidas con la ley que deberían ser sancionadas con un proceso civil.

En el segundo caso, responsabilidad penal, la Contraloría encuentra indicios de acciones ilegales en los funcionarios encargados del manejo económico de las entidades estatales.

La identificación de responsabilidades administrativas ocurre cuando los funcionarios ediles no han cumplido con todos los pasos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Finalmente, las responsabilidades ejecutivas involucran a la primera autoridad electa. En el caso municipal, a los alcaldes.

En relación con los informes referidos líneas arriba, la Contraloría no identificó ninguna responsabilidad ejecutiva. Este trabajo estuvo a cargo de la Subcontraloría de Auditorías Externas en Autonomías Constitucionales (SCAC).

Sobre el probable daño económico registrado en las 28 auditorías, la institución reguladora cuantificó un posible manejo inadecuado de 704.609,33 dólares. El presupuesto de los 327 gobiernos municipales supera los 280 millones de dólares.

Sin embargo, la mayoría de las comunas observadas son relativamente pequeñas y su presupuesto no es elevado. Por lo tanto, las pérdidas comprometen el funcionamiento de los gobiernos locales.

Además de las auditorías de la Subcontraloría, la anterior semana el contralor interino, Gabriel Herbas, informó a los medios de comunicación que dos autoridades de Trinidad recibieron doble pago de sueldos de entes públicos.

En el listado entregado por la Subcontraloría el monto más alto del supuesto daño económico corresponde a Pocona, en Cochabamba, (500 mil dólares) y el más bajo al municipio de La Paz (ocho mil dólares).

Debido a que estos informes corresponden al análisis del manejo financiero de gestiones pasadas; la institución aún estudia la información financiera de otros gobiernos locales.

En el listado de informes pendientes, que serán entregados en los siguientes meses, figuran 139 gobiernos municipales de los nueve departamentos. La organización audita el costo de obras, pago de sueldos, manejo de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), contrataciones, prestación de servicios ingresos, egresos y otros.