Bono de “fidelidad”
William Kushner *

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Se puede afirmar que el intento de sistema de carrera funcionarial en la administración pública boliviana murió junto con la extinta Superintendencia de Servicio Civil, y que el sistema de carrera judicial que vela por el control disciplinario, la promoción, la imparcialidad y la independencia de los jueces se encuentra sumido en la dependencia, parafraseando a la última ex Magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, con la captura política del Consejo de la Judicatura y los ajustes de presupuesto que éste impone a los órganos jurisdiccionales. Por ello, sería demasiado ingenuo pensar que la Superintendencia, una institución eminentemente técnica que intentó alcanzar algún grado de independencia de los intereses de los políticos, pueda ser asumida ahora dentro de un órgano eminentemente político como lo es un Ministerio (el de Trabajo); o creer que los ajustes que denunció Salame no inciden de manera directa en el control de las designaciones y sobre los jueces designados. Pero también es ingenuo ver con buenos ojos, dentro de un sistema clientelar y corrupto como el boliviano, un bono especial para los funcionarios públicos, ya que estaríamos hablando en realidad de un “bono de fidelidad” que, como sabemos, acarrea dependencia, lealtad y encubrimiento de la responsabilidad política dentro de la administración pública.

Lo cierto es que aquí no caben los argumentos de bienestar social que se han utilizado para repartir otros bonos (e.g. Juancito Pinto y Juana Azurduy), los que han maquillado hábilmente la precariedad y la pobreza de la sociedad boliviana, y que han encajado de manera formidable ante la falta de políticas de empleo y desarrollo a través de vías no estatales y de no dependencia política. Nadie niega que los funcionarios necesiten ser mejor remunerados ya que es parte de toda estrategia anticorrupción, pero los “bonos de fidelidad” producen absolutamente todo lo contrario. Y además, no resuelven los problemas de estabilidad, de profesionalismo ni de remuneración acorde con la responsabilidad y la competencia sino que dejan un claro ejemplo de la “institucionalización de la conducta no ética”.

Seguramente la oposición pasa por el problema de explicarse y recriminar a los funcionarios que su bono no es ético. Pedir su devolución sería lo extremo. Es más probable que la oposición, los críticos de Morales y las ONG anticorrupción mueran en el intento. Por ello, la oposición se limita a criticar los supuestos aportes electorales obligatorios vinculados a los bonos que tan bien conocen. Lo triste es que el cinismo haya penetrado todos los estratos de la sociedad. No sería raro que mañana aumente considerablemente el número de funcionarios que ya utilizan justificaciones de “equidad para legitimar su corrupción”. Y también triste que desde la política aún nadie tenga ganada la moral suficiente para denunciar esta conducta. Otra vez más, el Gobierno ha blindado muy hábilmente su populismo y la oposición tiene muy poco margen moral.

Sólo le queda intentar anular el incentivo de fidelidad fijando una fecha, por ejemplo hoy, para respetar la planilla laboral de los funcionarios y asegurarles estabilidad dentro de su propio esquema. Así, los funcionarios serían libres de elegir candidato y de destapar responsabilidades que ahora, probablemente, toca encubrir. Lo otro (clientelismo y prebenda), sería más de lo mismo.

*William Kushner
es especialista en Opinión Pública.