Fundamentalismo institucional
Gonzalo Chávez A.*

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Volví a leer la Constitución después de varios meses. Quise dejarla reposar para ver si como los vinos, revelaba algo interesante con el tiempo. Además, no quería verme influenciado por las pasiones ideológicas que hace un tiempo estaban a flor de piel. El objetivo de mi relectura es hacer una primera evaluación general sobre el modelo de desarrollo que propone la Constitución. Buscaré responder a la siguiente interrogante: ¿Podrán los cambios políticos, jurídicos, institucionales y organizativos propuestos crear las condiciones para resolver los problemas de: falta de crecimiento, baja productividad o exclusión social y étnica? Para responder esta pregunta es necesario discutir dos tensiones conceptuales que se presentan en la propuesta de modelo de desarrollo de la Constitución recién aprobada. Primero, en el texto es posible identificar ciertos rasgos de un fundamentalismo institucional, se parte del supuesto de que la realidad se cambia a partir de la elaboración de normas o leyes.

Bolivia tendría una estructura institucional herencia de la colonia y de la República que impide su desarrollo económico y que lo único que necesitamos es un cambio radical en las reglas de juego económicas y políticas para que nuestra economía crezca sostenidamente y se vayan resolviendo los problemas de pobreza y falta de competitividad. Bolivia sería una especie de Frankenstein institucional. Como sostiene Ricardo Calle, la Constitución y las leyes económicas antiguas tenían origen romano, el Estado, con sus tres poderes, tenía un origen anglosajón, las prefecturas eran influencia francesa, los municipios poseían un sabor español, el Tribunal Constitucional tenía dejo alemán y el defensor del pueblo era de origen nórdico. Esta sobreposición de diferentes arreglos institucionales mandaba señales confusas a los actores económicos y lo que es peor no incluye instituciones originarias y/o indígenas. Siendo éste el diagnóstico, la solución para los problemas sería el cambio de estas reglas de juego, elaborando una nueva Constitución. Con estas nuevas reglas de juego se crearían las condiciones para generar producción, riqueza, empleo y superar los temas de pobreza y exclusión. El desmantelamiento de las estructuras neocoloniales y neoliberales refleja un fundamentalismo institucionalista que es el espejo inverso del fundamentalismo de mercado. Éste último se repetía el mantra: mantenga los precios correctos que llegará el desarrollo, ahora se repite una y otra vez: cambiemos las instituciones que el crecimiento fluirá.

En este contexto, la nueva Constitución es presentada como elíxir de felicidad económica y social. Se espera que ésta automáticamente genere empleo, bienestar, salud, educación y menos pobreza. Subyace en el texto un voluntarismo excesivo. De las críticas de Marx al fetichismo de la mercancía, se pasó al fetichismo de la Constitución. Los 411 artículos adquirieron poderes sobrenaturales. Éstos adquirieron la virtud de transformar instantáneamente la vida de todos los que crean en el nuevo fetiche. De manera ingenua se piensa que el cambio en la superestructura política puede construir una sociedad igualitaria, un aparato productivo competitivo y un Estado tanto eficiente como justo. Ya está escrito, por lo tanto, ya está hecho. La idea de que únicamente se necesita el cambio de reglas de juego subestima y secundariza el poder de las políticas públicas concretas y de la especificidad del desarrollo. Una nueva Constitución, básicamente principios y procedimientos, no sustituye a las políticas públicas.

Segunda tensión, la nueva Constitución apuesta a un fuerte distribucionismo económico. La teoría económica enfrenta un viejo dilema entre, primero hacer crecer la economía para después distribuir la riqueza generada, o alternativamente, en primer lugar, distribuir el ingreso para así promover el crecimiento económico, en particular y el desarrollo en general. En resumen, crecer para distribuir o distribuir para crecer. La Carta Magna apuesta a esto último.

Detrás de este dilema están dos visiones opuestas artificialmente. Por un lado, aquellos que creen que el mercado debe desarrollar sus virtudes asignativas para generar crecimiento y sólo en un segundo momento se podrá mejorar la distribución del ingreso. Esta escuela del pensamiento también es conocida como la Teoría del Chorreo. De una manera muy sencilla, primero debe crecer la torta y después repartirla entre los miembros de la sociedad. En esta línea se inscribe el neoliberalismo extremo. En el lado opuesto del espectro ideológico están los que piensan que la primera tarea del Estado, a través de diferentes políticas públicas, es promover una amplia distribución del ingreso. Sólo en un segundo momento y como resultado de esta mejor división de la riqueza se promoverá el crecimiento económico. A esto se denomina como populismo económico. Desde una perspectiva histórica, en Bolivia, el péndulo de la política pública siempre ha oscilado entre aquellos que sólo apuestan a la distribución y los otros que creen que primero se debe crecer.

Las experiencias internacionales exitosas de desarrollo económico muestran que lo ideal es construir un modelo, que simultáneamente promueva el crecimiento que mejore la distribución de la riqueza y el ingreso. En términos conceptuales esto se logra con un equilibrio entre el mercado y el Estado, cuya dosificación es resultado de las necesidades e historia de cada país. La nueva Constitución Política del Estado cae en la trampa de este falso dilema y nuevamente apuesta a buscar primero la distribución del ingreso y riqueza, y a decir muy poco de la forma en que el producto crecerá.

En suma, dadas las tensiones conceptuales señaladas es poco probable que la nueva Constitución Política del Estado pueda actuar como un catalizador equilibrado que promueva cambios importantes en las tasas de crecimiento económico, fomente la productividad y ayude a resolver los temas de empleo y/o pobreza.

*Gonzalo Chávez
es economista.