El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, sigue decidido a desoír a la oposición generalizada de las instituciones del país, y gran parte de la población, y realizar hoy una consulta popular que habilite una reforma constitucional que permita su reelección.
El material y las urnas para la consulta, que ha sido tachada de “ilegal” por la justicia electoral y ordinaria, se están distribuyendo en las 15.000 localidades del país, confirmó el Presidente.
“El proceso está totalmente descalificado y desautorizado legalmente”, dijo a la AFP Geman Leitzelar, un reconocido abogado. “Nadie en Honduras se opone a una consulta, siempre y cuando se haga en el marco legal”, pero la que ha convocado el Presidente “evidencia más su intención de provocar una crisis para mantenerse en el poder, que una verdadera manifestación de participación popular”, explicó.
El resultado de la consulta no es vinculante y Zelaya quiere saber simplemente si la población está a favor de que el 29 de noviembre, coincidiendo con las elecciones generales, se someta a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna.
Pero todos temen que, al no contar con ningún tipo de supervisión, las urnas se llenen de más papeletas que participantes, y que ese resultado sea enarbolado ante el Congreso Nacional por el Mandatario para obligar a convocar a un referéndum. “El Congreso se va a negar a aceptar el resultado de una consulta que además de ser ilegal, el contenido también es ilegal”, advirtió Leitzelar, quien prevé que la crisis se agudizará. Tegucigalpa, AFP