Imprime esta nota Recomienda esta nota Recomienda en Facebook Opiniones sobre esta Nota

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se informó que la comisión encargada de elaborar el plan integral demandado por las municipalidades para ejercer el control a la venta de ropa usada continúa con esa tarea, iniciada los primeros días de mayo.

Las alcaldías condicionan el control de la venta al lanzamiento del plan integral que debe ser coordinado con el Gobierno “Mientras no exista el plan integral, no será posible que podamos intervenir en el control”, dijo el 2 de junio el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Luis Revilla.

Ayer, indicó que “estamos todavía trabajando” en la elaboración de la estrategia.

Agregó que la Cancillería realiza reuniones bilaterales con autoridades de Chile y Argentina para fijar mecanismos que eviten el ingreso al país de prendería usada vía contrabando.

Si bien el Control Operativo Aduanero se incautó de 20.000 toneladas de esos productos en lo que va del año, aún no define qué hacer con éstos, por lo que optó por almacenarlos, según una fuente de la Aduana Nacional que pidió mantener su nombre en reserva.

Agregó que la ley prevé la destrucción o remate de la prendería incautada, pero que ambas opciones parecen inviables.

Explicó que al tratarse de productos cuya comercialización está prohibida —por el Decreto 29463— no es posible rematarlos y tampoco quemarlos, por los daños ambientales que conlleva.

El 7 de mayo, el Gobierno planteó un programa para la reconversión productiva del sector, basado en la generación de emprendimientos productivos y el acceso a fuentes de empleo.

La inscripción de los vendedores al programa se inició una semana después. Los resultados no fueron los esperados.

La Razón informó que al 19 de junio la iniciativa registró 278 comercializadores en todo el país. Sólo en La Paz y El Alto se calcula que unas 250 mil personas se dedican a esta actividad.

Ante la ausencia de resultados, el presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional, Porfirio Quispe, sostuvo que el sector prepara un amparo constitucional contra autoridades de la FAM y del Gobierno central.

Explicó que mientras las primeras están violando la Ley de Municipalidades 2028, que dispone el decomiso de la mercadería prohibida, las segundas incumplen el Decreto 29463, que prohíbe la venta.

LOS VENDEDORES

Referéndum • Los comercializadores de ropa usada recolectan firmas en todo el país para que la Corte Nacional Electoral (CNE) autorice una consulta pública que defina la continuidad de su actividad.

Amenaza • El dirigente del sector, Dionisio Martínez, advirtió el lunes con no apoyar al presidente Evo Morales en las elecciones del 6 de diciembre si la Aduana continúa decomisando su mercadería.