Los recientes acontecimientos acaecidos en Honduras, nos trasladan a treinta años atrás en la historia, a las preocupaciones de Latinoamérica de los setenta y ochenta que, en el presente, habían sido virtualmente olvidadas. Mientras la sociedad se debatía entre el temor y la incertidumbre, el fantasma del golpe de Estado recorría las calles, las oficinas públicas y los más recónditos lugares de la sociedad porque todos, directa o indirectamente, habían vivido la zozobra de los gobiernos dictatoriales. Como consecuencia, las ciencias sociales en la región estuvieron enfrascadas durante varios años en estudiar los procesos de transición de la dictadura a la democracia y sus impactos en el nuevo orden político.
Los procesos de restitución de la democracia así como su consolidación institucional están acompañados por un reacomodo de los principales actores y una redefinición de su rol, así como la construcción de un habitus democrático en los distintos niveles de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de las fuerzas armadas que si bien con el advenimiento de la democracia fueron desplazadas del ejercicio del poder, mantuvieron durante varios años una pulsión por controlar el Estado, y progresivamente tuvieron que adecuarse, no sin ciertas resistencias, a jugar un nuevo rol “institucional” alejado de las prácticas políticas, del mismo modo que los partidos que habían vivido en la clandestinidad asumieron un rol protagónico.
Esta época evidentemente marcó el imaginario de una generación que vivió el exilio, la lucha callejera y la clandestinidad, experiencias totalmente ajenas a las nuevas generaciones, pues durante las dos a tres últimas décadas la vida cotidiana se construye sobre el supuesto de la democracia, las libertades irrestrictas, las elecciones y la resolución de conflictos en los marcos de cierta institucionalidad; de esta manera, las preocupaciones académicas sobre la democracia y la política han estado ligadas a los problemas de eficiencia, gobernabilidad, representatividad de los gobiernos, o los procesos de reforma tendientes a la ampliación de la participación ciudadana.
Por ello, resulta grotesco volver a hablar de golpes de Estado y considerarlos aún como estrategia política válida. En otras palabras, no hay justificación posible para la interrupción de los gobiernos democráticos, pues la democracia prevé mecanismos propios de renovación y sustitución de autoridades mediante la elección o revocatoria de mandato. Concebir y llevar a cabo un golpe de Estado a estas alturas, remite a la prehistoria democrática y conduce inevitablemente a la violencia, al antagonismo y a la confrontación entre ciudadanos y Estado y/o entre ciudadanos, que en su caso, puede derivar en una guerra civil, ojalá no sea el escenario que depare a la sociedad hondureña.
El decurso de la historia es cíclico, es verdad, y así como oscila entre el Estado y el mercado, es decir, entre tendencias socialistas y capitalistas como ordenadoras de la economía, en el campo político se verifica un péndulo entre ciclos conservadores y popular-progresistas; pero en el desarrollo de la humanidad, es deseable que se vayan desterrando prácticas que vulneran la integridad de las personas y de las sociedades como son los golpes de Estado y los episodios de violencia y arbitrariedad.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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