El fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso terrorismo, anunció ayer que en las próximas horas emitirá mandamientos de aprehensión contra los ex miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas y Alfredo Saucedo, debido a que no se presentaron a declarar en La Paz por el caso Rózsa.
En tanto que los ex dirigentes pidieron que sus declaraciones sean tomadas en instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz, en la capital cruceña, donde dijeron que se encuentran.
“Las personas que no se presenten van a ser aprehendidas porque es un mandato de la ley, no lo digo yo, lo dice la ley”, sostuvo Soza, quien añadió que no conoce la recusación que habrían presentado en su contra los ex dirigentes unionistas.
“Hemos tomado la firme decisión de no asistir a La Paz a prestar nuestras declaraciones, de ahora en adelante si el gobierno de Evo Morales y si Soza quieren conocer nuestras declaraciones, quieren saber la verdad, que venga aquí a la casa de los cruceños, aquí lo vamos a esperar; no nos estamos declarando en la clandestinidad, no nos vamos a declarar refugiados políticos, pero estamos acá en la casa moral de los cruceños”, dijo Sejas.
Sejas y Saucedo estaban convocados para declarar ayer sobre una supuesta implicación en el reclutamiento de gente para el presunto grupo de terroristas liderado por Rózsa; ambos enviaron a su representante legal para informar que no se presentarían mientras no se resuelva el conflicto de competencia que se planteó sobre este caso.
En horas de la noche, la jueza Betty Yañíquez determinó el arresto domiciliario de los gerentes de Comercialización de la Fexpocruz, Mario Herrera, y del General, Roberto Justiniano, en la capital cruceña; el asistente de campo ferial, Eduardo Sosa Chávez, recibió libertad con medidas sustitutivas y garantes. Volvieron a Santa Cruz vía aérea.
Los cívicos del oriente se unen
Los presidentes del Comité Cívico del Beni, Jorge Llapiz, y del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Núñez, instruyeron ayer a los supuestos involucrados en el caso terrorismo a no trasladarse a la ciudad de La Paz.
“No debieran ir ninguno de los que están perseguidos, por dos motivos: la comisión multipartidaria que investiga el caso, no es cabeza del Ministerio Público y existe un paralelismo con la investigación que realiza el fiscal (Marcelo) Soza”, expresó Llapiz. Núñez dijo que las declaraciones del vicepresidente Álvaro García “evidencian la injerencia que tiene en el fiscal Soza asignado a este caso”.
García pidió ayer en Santa Cruz “colaboración a los dirigentes en un tema que tienen que esclarecer, quien no estuvo involucrado (...) no tiene que temerle a nada, no tiene por qué estar preocupado de nada´.
En La Paz, el viceministro de Coordinación, Sacha Llorenti, pidió a Núñez no impedir las declaraciones porque “incurre en el delito de encubrimiento”.