Ya viene siendo hora de que pongamos en claro la naturaleza de la tan cacareada “exitosa” relación bilateral entre los gobiernos de Bolivia y Chile.
En la lógica “fundacional” con la que a golpe de medias verdades, secretismo y manipulación se mueve el gobierno del presidente Morales, se pretende hacer creer a la comunidad internacional y lo que es peor, a los bolivianos, que estos nuevos aires están dando como resultado avances entre ambas naciones que no habían sido ni deseados ni posibles en el pasado.
Empezaré por decir que siempre he creído que Bolivia, Perú y Chile estamos destinados, más temprano que tarde, a resolver nuestros problemas. Más que eso, debemos lograrlo por dos razones elementales: La primera, porque somos vecinos y esa realidad es un hecho inalterable. La segunda, porque nos necesitamos mutuamente y trabajar juntos y en armonía será beneficioso en lo político, económico y social para los tres países. Esto, por si las dudas, lo repetí no una, sino varias veces de manera pública cuando ocupé la Presidencia del país (ver el folleto El Mar editado por la Presidencia el 2004). Creí entonces y creo ahora que esa relación sólo será posible si se resuelve de manera clara e inequívoca nuestra justa reivindicación de un acceso libre, útil, soberano y con continuidad territorial al océano Pacífico, asumiendo la idea de soberanía con un criterio adecuado al siglo XXI. Concepto este último que tiene dos vías, vale tanto para Bolivia como para Chile, y por ello deberá aplicarse cuando esa soberanía sea reparada.
Todos sabemos que por razones geográficas y por el Tratado de 1929, es imposible lograr ese objetivo sin la participación del Perú. ¿Pretende el Gobierno una solución al tema con la delirante política exterior que aplica con Alan García? Si algo es evidente, es que es difícil recordar una peor relación con el Perú desde 1841, generada a la sombra de la política exterior venezolana y sobre la extraña premisa de que hay que patear en las canillas a todos aquellos presidentes que no creen en el “socialismo del siglo XXI”.
Después de la ingenuidad del 23 de marzo del 2006, cuando Morales pidió una reunión extraordinaria de la OEA para tratar el tema marítimo boliviano, que fue respondida con un “estate quieto” del secretario general de la OEA, el ciudadano chileno Miguel Insulza, Chile inició el camino de los espejitos de colores, que le ofreció a Bolivia acompañado de una gran sonrisa y exquisitos modales de la presidenta Michelle Bachelet. Se gestionó entonces la famosa “Agenda de los 13 puntos”. La mentira gubernamental es que esa agenda es la primera de esta naturaleza entre ambos países. Baste recordar la negociación de 1975 (la propuesta marítima más seria y consistente de todas las que haya presentado Bolivia), las negociaciones de 1987, la teoría de los gobiernos de los años noventa de que la integración comercial y económica era el mejor camino para acercarnos al mar, el encuentro de Algarve del 2000 con su “agenda abierta”, o finalmente el “non paper” del 2002 que buscaba abastecer de gas a Chile a cambio de una zona económica especial sin soberanía.
Que no nos venga el Gobierno a contar de las “extraordinarias relaciones” con Santiago porque trata temas que encaramos todos los gobiernos del pasado sin excepción, vinculados al libre tránsito, uso de puertos, temas arancelarios, uso de ferrocarriles y otras variantes que con sus más y sus menos, han sido siempre parte de la inexcusable agenda bilateral. Que no nos diga ahora que nunca antes se había incluido el tema del mar entre ambos países.
De lo que se trata es de resultados medibles. De soberanía marítima hasta hoy nada. Si hay algo evidente es que la balanza comercial es cada día más favorable a Chile y más desfavorable a Bolivia. Si no es la peor de la historia, es una de las peores. Pero lo más censurable de todo es el acuerdo que “resuelve” el problema del Silala. La solución aceptada por el Gobierno es: 1. Reconocer que el Silala es un río de curso sucesivo, abandonando la línea (demostrada hasta la saciedad) de que se trata de manantiales de aguas subterráneas que tienen origen en territorio boliviano. 2. Aceptar un pago del 50% del valor originalmente exigido por Bolivia por el uso de aguas bolivianas que Chile aprovecha. 3. Olvidar las compensaciones que Chile debe por el uso gratuito de esas aguas por décadas y décadas. Esta negociación inaceptable, le hubiese costado a cualquier gobierno anterior una huelga indefinida del departamento de Potosí promovida por el ahora extrañamente complaciente Comité Cívico departamental, un bloqueo de carreteras y líneas férreas en la región y la cabeza del Canciller. Pero ahora hay que aplaudir la “dignidad y soberanía” que el acuerdo refleja.
Demás está decir que el presidente Morales y su ministro de RREE, como graciosa concesión a la “buena voluntad chilena”, han abandonado completamente la política de colocar el tema del mar en cualquier foro internacional al que asisten, cosa que nos exigían rabiosamente cuando ocupamos el gobierno y que, sin necesidad de esa presión, hicimos por convicción.
No sorprende que Santiago respalde a Morales en cualquier cosa que haga. La presidencia chilena de Unasur lo ha demostrado sobradamente. Es que ni en sus mejores sueños imaginó Chile que iba a contar con un aliado de esa magnitud en el hombre que cuando estaba en la oposición declaraba su antichilenismo más furibundo, gritando a los cuatro vientos (octubre del 2003): “¡No a la exportación de gas por Chile o a Chile! ¡Bolivianos, no compren un solo producto chileno!”.
A aquel (o aquella) que se le ocurrió recibir al Presidente electo de Bolivia en el estadio Nacional de Santiago adecuadamente aderezado con miles de personas, repartirles unas banderas bolivianas, unas wiphalas del futuro Estado plurinacional y hacerlos gritar hasta desgañitarse “¡Mar para Bolivia!”, debieran darle la máxima condecoración que otorga la República de Chile. Dados los resultados, no fue una inversión cara.
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