Acelerar la corrupción
Iván Arias Durán*

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Desde la aplicación de la Ley de Participación Popular (1994), uno de los mayores desafíos fue desarrollar y elevar la capacidad de gasto y apalancamiento de los municipios en el marco de la legitimidad y control social. Es bueno recordar que los municipios en quince años de gestión han pasado de administrar 60 millones de dólares por año a más de 500 millones por año. Para lograr esos desafíos, el Estado acomodó el marco normativo a la realidad municipal e impulsó programas de fortalecimiento institucional tanto a la sociedad civil como al sector público. La preocupación creció más cuando el 2001 se transfirieron a los municipios los recursos de alivio de la deuda externa (HPICII).

¿Por qué las instancias públicas (Gobierno central, departamental y municipal) tienen problemas en la ejecución del gasto? 1) Atomización de la demanda e inexistencia o débil instancia de concertación y control social. 2) Debilidad institucional del órgano público: líneas de mando imprecisas, burocracia parasitaria, elevada rotación de personal, funcionarios con altos niveles de politización en desmedro de la capacidad técnica.

Para atacar la primera causa se procedió a fortalecer los mecanismos de encuentro entre la demanda social y la oferta municipal a través de las Cumbres municipales y los EDA (Encuentros de avance) como mecanismo de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. Esto implicó el fortalecimiento de la sociedad civil y del Comité de Vigilancia no sólo en sus capacidades de demanda, sino de propuesta.

Para combatir la debilidad institucional se impulsó la carrera administrativa y se aprobó el Estatuto del Funcionario Público. Por otro lado, se crearon programas como Jóvenes Contra la Pobreza (JCP), que consistía en que profesionales egresados, como una forma de titularse, apoyaban a los municipios en transferencia de habilidades y capacidades. Acompañando a los JCP estaban los GOL (Grupos Operativos Locales) que eran profesionales con experiencia que, a nivel mancomunitario, prestaban apoyo en la elaboración y ejecución de proyectos. Paralelamente, la Contraloría de la República, a través del Cencap (Centro de Capacitación de la Administración Pública) adiestraba a los gestores municipales en los procedimientos de la Ley Safco.

Estos programas mostraron su impacto cuando hasta el 2005 el Gobierno central ejecutaba el 50% de su presupuesto y los municipios sobrepasaban el 85%. El actual Gobierno, en vez de profundizar lo avanzado, lo ha ignorado y a tres años de gestión hemos retrocedido a viejas prácticas de ineficacia que son el caldo de cultivo de la corrupción. La actual administración pública (especialmente la central) se caracteriza por el hacinamiento corporativo de empleados que sólo cobran salarios, inexistente o cooptado control social, líneas de mando centralizadas en mandamases políticos, incapacidad para identificar y ejecutar proyectos y, finalmente, elevados cambios de personal, dado que se ha implementado el turno originario, que impiden el desarrollo de la memoria institucional. Por estas causas, el Gobierno central el año pasado sólo ejecutó el 30% de su presupuesto y este año, a junio, recién están en 15%.

Para revertir la baja ejecución, el Gobierno acaba de aprobar el Decreto Supremo 0181, llamado “para acelerar la inversión pública”, que ignora las verdaderas causas que la impiden y más bien amplía la discrecionalidad en el gasto. Estoy seguro de que el mencionado decreto sólo acelerará la corrupción gubernamental y que “santos ramírez” pasarán de 20 mil a millones. Es bueno recordar que atentar contra la democracia no sólo es lo sucedido en Honduras, es destruir la institucionalidad (Contraloría, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Aduana, Corte Electoral), el empleo digno, erigirse en autócratas y desangrar las arcas del Estado permitiendo que la ilegalidad, como el narcotráfico, obtengan carta de ciudadanía. Todos los que atenten contra la democracia, como recién propuso Evo Morales, deben ser sometidos a un Tribunal Penal Interamericano. ¿O qué es lo que defienden los del Alba? ¿La democracia o su manipulación y destrucción callejera por las muchedumbres corrompidas? Sus protestas contra Honduras son las de demócratas o de dictadorcillos (zorros) disfrazados de ropaje concertador (ovejas)?