Como cada año, desde el 2002, el World Economic Forum (WEF), dirigido por el académico Xavier Sala-i-Martin, publicó en septiembre pasado su “Informe de Competitividad Global 2009-2010” (ICG), en el que asigna a los países del mundo un lugar en el ranking mundial de competitividad. Según los criterios del WEF Bolivia ocuparía este año el puesto 120 entre 133, luego de bajar desde el 118. El informe es elaborado a partir de datos económicos, sociales e institucionales procesados por más de 200 centros de investigación de más de 130 países. Las posiciones varían de un año a otro debido a cambios en diferentes factores. Los criterios no toman en cuenta a los “modelos” económicos, pero revelan muchas de sus características y eficiencia. Estados Unidos, por ejemplo, que ocupaba el 2008 el primer lugar bajó al segundo y Suiza que ocupaba el segundo subió al primero. Uruguay y Brasil registraron importantes avances, mientras Chile y Venezuela experimentaron retrocesos. China y Vietnam, economías con fuerte intervención estatal y mercados regulados, ocuparon los puestos 29 y 75, respectivamente.
Pese a que esta clasificación no es elaborada por un organismo multilateral de importancia tradicional como el Banco Mundial o el FMI, sino por una fundación académica privada con sede en Suiza, sus informes y su “ranking” de competitividad son vistos con mucha atención por los gobiernos, por los políticos, por la prensa y por economistas del desarrollo. En el caso de Bolivia, si bien la prensa escrita, algunas fundaciones locales, así como políticos y analistas hicieron breves opiniones al respecto, éstas fueron sobre todo del tipo “comentarios de actualidad”, con sesgo político y de corto plazo.
Mientras para algunos periódicos, el bajo desempeño de Bolivia sería consecuencia de una supuesta “inestabilidad política, el bajo financiamiento, la corrupción, la burocracia gubernamental y las regulaciones laborales restrictivas”, para los economistas de la corriente “fundamentalista de mercado”, las causas estarían en la “desaparición del sistema de regulación, en la interrupción del ATPDEA y en las políticas gubernamentales y económicas recientemente adoptadas”. En estos juicios, apuntando sobre todo al corto plazo, no se detecta algún interés por tratar de comprender la acción de los factores profundos y de largo plazo que determinan el atraso y la pobreza del país. La decepción es mayor cuando uno trata de encontrar los argumentos mencionados en el Informe del WEF y no los encuentra.
Lo que debería interesar no es si Bolivia subió o bajó uno o dos puntos este año, sino determinar, ¿por qué se encuentra ocupando el puesto 120 y no el 50 o el 70? ¿Por qué el país es tan atrasado y con tanta pobreza creciente? El interés del Informe trasciende en realidad las variaciones de corto plazo y nos obliga a mirar hacia la historia, hacia adentro, hacia el conjunto del país, y no sólo a aspectos parciales. Nos obliga también a trascender las políticas del “exportar o morir” tan en boga en los círculos políticos fundamentalistas y a no confundir “competitividad” con “exportaciones”.
Es interesante leer el Informe y analizar seriamente los criterios utilizados que definen el lugar de Bolivia en el ranking mundial de competitividad. ¿Qué es la competitividad para el WEF? Este concepto es definido “como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Y, ¿qué es la productividad? Esta sería el “nivel sostenible de prosperidad que puede ser ganado por una economía.” La competitividad no es, entonces, como lo interpretan maliciosamente los fundamentalistas de mercado, como simplemente el volumen de exportaciones en el exterior, sino, básicamente la capacidad del conjunto de las estructuras económicas, sociales e institucionales para generar de manera sostenible los bienes, servicios, empleos e ingresos que contribuyen a mejorar la prosperidad de la población de un país.
Los países prósperos o “competitivos” serían, por consiguiente, aquellos que mejoran continuamente sus factores productivos, es decir, el empleo, los ingresos y los bienes y servicios que benefician a sus trabajadores, mientras que los no competitivos serían aquellos que no lo hacen. Es en este sentido que Bolivia se encuentra entre los últimos países del mundo en competitividad y el penúltimo en América Latina antes de Paraguay. Los lugares decepcionantes logrados por Bolivia, no solo recientemente sino desde hace décadas, son en realidad el resultado de políticas y modelos económicos equivocados aplicados durante muchas décadas, tanto por los grupos oligárquicos “de derecha” como por gobiernos nacionalistas revolucionarios “de izquierda”. Países con modelos económicos de fuerte intervención estatal y regulación de mercado como China, Chile, Corea del Sur y Vietnam ocupan los puestos 29, 30, 19 y 75, respectivamente.
¿Cuáles serían, por consiguiente, los factores que determinan el bajo nivel de competitividad de Bolivia? El informe utiliza 12 factores o pilares para efectuar la medición. Los pilares son 1) eficiencia institucional, 2) infraestructura, 3) estabilidad macroeconómica, 4) salud y educación primaria, 5) educación superior, 6) mercado de bienes, 7) el mercado laboral, 8) sofisticación del mercado financiero, 9) capacidad tecnológica, 10) tamaño del mercado, 11) sofisticación de negocios y 12) innovación. Mientras el país logra algunos puntajes relativamente buenos en los pilares 3 y 4, y mediocres en los 2, 5 y 8, desciende a niveles pésimos y nulos en los 1, 6, 9, 11 y 12, es decir, en los factores promotores de eficiencia, de desarrollo económico y de productividad.
Contrariamente a las invocaciones de algunos políticos y analistas, las exportaciones juegan para el Informe un papel poco relevante. Los factores realmente dinámicos que definen la competitividad son los “factores internos”, es decir, la productividad del mercado interno. Las estructuras que determinan de manera dominante la competitividad de este mercado son básicamente las unidades productivas, es decir, las empresas ya sean chicas, medias o grandes.
¿Por qué las empresas del país no son competitivas y productivas? Los datos del Informe nos permiten interpretar que las empresas, en particular las más grandes, no sólo no son productivas sino que incluso impiden y estancan la productividad de las otras empresas más pequeñas y la competitividad del país. ¿Por qué sucede este fenómeno?
Esto es debido a que las diferentes cadenas productivas del país (cemento, textil, cuero, madera, bebidas gaseosas, cerveza, cuero, avicultura, etc.), ya sean del sector urbano como rural, ya sean del sector manufacturero como del agropecuario, se encuentran fuertemente dominadas por empresas monopólicas, oligopólicas y monopsónicas. Estas empresas, concentrando cada una enormes porciones de mercado de bienes y servicios (muchas concentran más del 90% de sus mercados, algo inimaginable en los países competitivos), impiden nuevas inversiones en las cadenas productivas, la innovación tecnológica continua y el aumento de la producción. Bloquean por este motivo la modernización y expansión de las empresas más pequeñas, así como la generación de empleos permanentes e ingresos para los trabajadores y sus familias. La reducción sustancial del grado de monopolio en cada una de las cadenas productivas de los sectores urbano y rural, permitirá el fuerte desarrollo de la competitividad del país, así como la prosperidad de los trabajadores, de la población y del país.