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Era 1990 cuando llegó para investigar sobre el mundo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a temas de agricultura y desarrollo rural. Ahora investiga el incremento de las concesiones mineras e hidrocarburíferas, que en casi toda América del Sur tienen sobreposición sobre territorios indígenas y campesinos, y generan diferentes conflictos. Temática que expuso en el seminario internacional “Bolivia post Constituyente: tierra, territorio y autonomías indígenas”, realizado esta semana, en La Paz.

¿Qué resultados obtuvieron en ese primer estudio sobre las ONG en Bolivia?
Ese estudio es de hace mucho tiempo y cuando las ONG estaban en su auge, en cierto sentido. Las conclusiones fueron que en ese contexto había riesgo para ellas al trabajar muy de cerca con el sector público, pero también había posibles ventajas para mejorar. Luego hicimos otros trabajos acá y en Perú sobre las relaciones económicas y políticas de las organizaciones económicas campesinas. Últimamente, hemos trabajado en una investigación en Perú, Bolivia y Ecuador sobre las industrias extractivas y el desarrollo rural.

¿En esta última investigación qué similitudes encuentran?
Aunque hay diferencias entre países, hay ciertas tendencias regionales que hay que reconocer y que tienen que ver con la expansión de la frontera extractiva. No sólo en estos países, también lo ves en Colombia, en Centroamérica. Eso implica que hay más concesiones mineras y de hidrocarburos. Aunque hay excepciones, este proceso de expansión de las industrias extractivas tiende a catalizar los sesgos conflictivos. No siempre es conflicto abierto, es malestar, incertidumbre que, a veces, se manifiesta en movilización, en protesta mucho más visible.

¿Y las otras consecuencias?
Se nota cambios en la institucionalidad de las comunidades, en los gobiernos municipales y locales. Y cambios en la calidad del debate público. La tendencia de conflicto, de polarizar posiciones hace que sea mucho más difícil tener una discusión razonable sobre qué es lo que se quiere hacer con esta extracción. Terminan en los sí o no; en el antes o después. Además, hay ciertos intereses a quienes conviene polarizar estas relaciones; que no haya una discusión más razonada y racional.

¿O que no haya solución?
Es difícil saber, quizás hay uno u otro actor a quien conviene que haya una solución, pero no son los actores principales. Pensando en los grupos armados (allí trabajamos en un caso con un sacerdote jesuita) en Colombia, quizás no les conviene que haya solución. Tampoco que estos territorios estén atrapados en conflictos de nunca acabar.

Esto, volviendo al tema de territorio y desarrollo rural, complica mucho la posibilidad de que la industria extractiva termine catalizando desarrollo en el territorio.

¿En qué queda la aplicación de la legislación?
Como alguien dijo en el evento, que habló de un fetichismo legal. Pensar que una vez que se cambia la ley el problema está resuelto, es sólo un primer paso de un proceso mucho más largo. Aunque haya normatividad excelente, la distancia entre ella y las prácticas cotidianas reales, a nivel territorial puede ser muy grande. Ocurre en Bolivia, Ecuador y Perú. Una cosa es tener una buena normatividad sectorial y otra, tener una normatividad que facilite una coordinación de políticas y actividades para promover desarrollo y relación con los temas de tierra y territorio. La coordinación es baja.

¿Un problema común?
Sí. Además es un tema de distancias. Varias veces se ha hablado de la débil presencia del Estado en el área rural. Esta noción capta que muchas de las fronteras extractivas se encuentran en sitios muy distantes de los centros de poder, de los centros administrativos. Son espacios que no han sido completamente incorporados.

La presencia del Estado nunca se ha consolidado y sí es débil, pueden tener todas las leyes que quieren, y no existen los instrumentos para hacerlas respetar, es poco efectivo.

Esas distancias afectan al conocimiento.
La falta de información es importante. Creo que hay bastantes avances realizados por la CIDOB, Conamaq, APG. Pero dentro de estas organizaciones también existen distancias físicas. Que una misma comunidad tenga conocimiento de la misma legislación para poder exigir y saber cómo negociar, implica toda una cadena de información. Es un tema práctico y de recursos financieros. ONG o grupos de la iglesia intentan cerrar estas brechas.

¿Pueden relacionarse los resultados de la investigación sobre las ONG con los temas de tierra y territorio?
Hay que profundizar ese conocimiento con una investigación; pero considero que en una construcción, un paso importante es promover debate abierto crítico, donde los diferentes grupos expliquen sus posiciones, investigaciones, incertitumbres. Y que se fomente la discusión en el resto de los centros poblados y no sólo en las capitales.

¿Algún ejemplo cuyo diálogo facilitó evitar el conflicto y lograr desarrollo para indígenas e industrias extractivas?
En un extremo están los que no quieren que se realice esta actividad extractiva y la industria se resiste a ultranza a entenderlos. También hay zonas reservadas donde no se puede hacer extracción. En el otro extremo existe la posibilidad de un proceso de extracción. Hay que pensar en posibilidades de copropiedad de comunidades o entre pueblos y las empresas que están sacando los recursos del subsuelo, que ellas no lo van a poder hacer. Si se acepta esta forma de actividad económica en sus territorios, el próximo paso es cómo organizar un sistema de repartir los beneficios. Otra posibilidad es crear fondos patrimoniales para estos territorios y pueblos, y sean copartícipes en la iniciativa.

¿Algún ejemplo en el mundo?
Hay un caso en Perú, que por razones sui géneris se ha dado en la costa de Piura. Hay más en Estados Unidos y Canadá porque la legislación que define los derechos de los pueblos indígenas y sus reservas, les da más capacidad de negociar estos arreglos de copropiedad, entre pueblo y la empresa (hidrocabruros y minería). La información es importante.

“ Otra posibilidad es crear fondos patrimoniales para estos territorios y pueblos, y sean copartícipes en la iniciativa ”