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Los delitos de contrabando y especulación tienen que castigarse por medios administrativos, si se los aplica con el rigor del caso pueden tener mejores efectos que los de castigar la exportación de carne y azúcar.

En el pasado, las regulaciones jamás funcionaron, de ahí que sobrevino la hiperinflación, entre otras causas, por la inoperancia de la Aduana y de los municipios para impedir aquellos delitos.

Es correcto que se vele por el abastecimiento normal de la población en materia de alimentos, pero no es bueno que se afecte a otros sectores de la economía, peor cuando son tan importantes la producción y las exportaciones.

En el caso del azúcar es cuestión de pocos centavos el afán especulativo y en el de la carne no tiene justificativo, pues el abastecimiento del mercado interno en este rubro es normal, sin que se hubieran presentado situaciones de elevación de precios.

A este paso, no tiene coherencia el discurso a favor del empresariado nacional, cuando por un “quítame este pelo” se sanciona de forma excesiva a la actividad productiva y exportadora.

La industria azucarera merece consideración, está trabajando empeñosamente por aumentar su producción y las exportaciones, lo que estimula a los agricultores; les brinda más trabajo a los transportistas y reconoce a los comerciantes que actúan en el marco de la legalidad.

Los especuladores son gente deshonesta y oportunista, a éstos es a quienes hay que sancionar como se merecen y no a los que trabajan lealmente con el mercado y el país.

Cuando se interrumpen las exportaciones se pierden mercados y el Banco Central recibe menos divisas. ¿Para qué complacerse con el crecimiento de las reservas, si son las que sostienen la buena salud de la economía? Exportar más azúcar cuando su precio internacional subió, racionalmente es plausible, porque favorece a todos.