Agente encubierto o provocador
Carlos Alarcón*

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MIRADOR DEMOCRÁTICO
En los casos de infiltración de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado en organizaciones criminales para el descubrimiento e investigación de los delitos, la doctrina penal distingue las figuras del “agente encubierto” y “agente provocador”.

El agente encubierto interviene en la organización criminal en el momento en el que se están cometiendo los delitos, con la finalidad de descubrir a los autores y cómplices y obtener elementos de convicción que permitan el enjuiciamiento penal de los responsables. La determinación original para cometer los delitos responde a la voluntad exclusiva de los miembros de la organización criminal y no tiene vinculación alguna con la voluntad del agente encubierto.

El agente provocador, a diferencia del agente encubierto, determina la comisión de los delitos con la finalidad de que los autores y cómplices que intervienen en su ejecución material sean descubiertos en el momento de su consumación. Éstos, en la determinación inicial para la comisión de los delitos, no tienen una voluntad independiente a la del agente provocador. La voluntad de este último es determinante para la realización de los delitos.

Por lo expuesto queda claro que en determinados casos y condiciones la figura del “agente encubierto” es legal, en cambio la del agente provocador es ilegal y delictiva. En el único caso que el Código de Procedimiento Penal permite la utilización legal de agentes encubiertos, sujeta a severas restricciones, es en la investigación de los delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas (art. 282 CPP).

El Gobierno y la Policía Nacional le deben una explicación a la opinión pública nacional e internacional, convincente y coherente, sobre la calidad con la que intervinieron el capitán Andrade y otros agentes de seguridad en los operativos de la organización criminal conformada por Eduardo Rózsa. Al no tratarse de delitos de narcotráfico no se puede afirmar la utilización legal de la figura del “agente encubierto”. Especialmente, tienen que despejar toda duda con relación a su utilización como “agentes provocadores”, en cuyo caso el Estado se rebajaría a la misma condición de los delincuentes, para alcanzar fines políticos, alejados de toda auténtica realización de la justicia penal.

El uso legal y legítimo de los instrumentos penales del Estado únicamente se justifica para la realización de la justicia. El peor mal que le puede ocurrir a los derechos humanos, a la sociedad y al Estado, en un sistema democrático, es la perversión y desnaturalización de estos instrumentos para conseguir finalidades aviesas en la lucha y el enfrentamiento político.

Por estas y otras razones, hoy más que nunca, urge construir en Bolivia, una justicia, Fiscalía y Policía en función judicial, que sean verdaderamente independientes e imparciales, alejadas de toda contaminación y sesgo político partidista. Es lamentable que los principales juicios penales se definan en las pantallas de la televisión.

*Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.