Tribuna Cada vez que pienso en el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en Tegucigalpa cuando un grupo de militares se asomó a la residencia presidencial de Honduras para sacar del poder por la fuerza a Manuel Zelaya, me acuerdo más del golpe de Estado que protagonizó el 1 de noviembre de 1979 el coronel Alberto Natusch contra la naciente democracia boliviana y sacó del poder al entonces presidente interino Wálter Guevara, bajo acusaciones de “prorroguismo”, tras haber propuesto que su mandato debía prolongarse por un año más al margen de la gestión para la cual lo nombró el Parlamento.
Hay bastantes diferencias, pero también abundantes similitudes entre ambas “aventuras golpistas”. Primero las diferencias: a diferencia del Mandatario hondureño, Natusch se impuso en el poder “a sangre y fuego” cuando dirigió los tanques austríacos Sherman hacia una multitud desarmada que reaccionó contra la intentona militar apenas tres meses después que los uniformados habían devuelto el poder a los civiles tras 15 años de dictadura, y cuando todavía se celebraba la victoria que Bolivia había obtenido al haber aprobado la Asamblea General de la OEA una resolución unánime de 33 países (excepto Chile, obviamente), declarando a la demanda marítima de Bolivia como un “asunto de interés hemisférico”.
La resistencia civil desarmada a Natusch se saldó con más de 200 muertos y 500 heridos, “masacrados” por las tropas de Natusch en las calles de La Paz. Que se sepa, en Honduras no hubo oficialmente más de una decena de fallecimientos provocados por los enfrentamientos
entre policías y grupos de manifestantes pro-Zelaya que se resisten aún a dejar las calles, a pesar de más de tres meses del derrocamiento del ahora ex presidente. Una primera gran diferencia, el costo en vidas es abismalmente diferente, aunque es obvio que todas las vidas tienen el mismo valor.
Otra diferencia a simple vista, son las medidas tomadas por Micheletti en contra de la prensa y los medios de comunicación que han sido apenas percibidas internacionalmente, y las más graves fueron la clausura de radio Globo y canal 36. Natusch impuso el 3 de noviembre de 1979 la Ley Marcial, por la cual se autorizaba a las tropas a disparar en las calles sin preguntar a grupos de más de tres personas y en la que ningún medio de comunicación pudo salir al aire ni publicarse durante varios días. Ambas son censurables, pero no comparables. Otra gran diferencia es que el coronel boliviano dio la asonada con el apoyo de cuatro dirigentes políticos y el repudio de todas las instituciones nacionales, incluyendo el Congreso. Zelaya fue censurado por todos los poderes del Estado y su popularidad no pasa de unas centenas de personas, aunque muy ruidosas.
Ahora las similitudes: ambos gobiernos merecieron el más amplio repudio de la comunidad internacional y a lo largo de los 16 días que duró el régimen de Natusch solamente tres gobiernos reconocieron su administración de terror, entre ellos Egipto. Pero aquí radica otra gran diferencia. A pesar de que la OEA y la comunidad internacional repudiaron el golpe de mano de Natusch y compañía, no realizaron la más mínima gestión para reponer en el cargo al Presidente Constitucional interino (elegido por el Congreso en agosto de 1979) y, por el contrario, avalaron su destitución y la elección de la presidenta de la Cámara de Diputados, Lydia Gueiler Tejada, como nueva presidenta constitucional, conforme a la sucesión constitucional.
Nadie se empecinó en reponer a Guevara en el poder, ni hubo ultimátums, suspensiones de visas, ni reuniones de la OEA, mucho menos comisiones de cancilleres a La Paz, ni exhortaciones de la Casa Blanca para que la democracia volviera a Bolivia. Al final, los bolivianos decidimos que la democracia retornara a nuestro país, aunque no fuera a través de la reposición de Wálter Guevara, que fue defenestrado. La nueva Presidenta interina completó el periodo presidencial del Dr. Guevara, dictó un paquete de medidas económicas y organizó las elecciones del 29 de junio de 1980, aunque no pudo entregar el poder al legítimo ganador, el Dr. Hernán Siles, siendo derrocada por otro golpe de Estado.
Que yo sepa, Micheletti no ha ordenado matar a nadie, y si hubo heridos, detenidos y fallecidos entre los manifestantes a favor de Mel, fueron resultado de las refriegas de los grupos de choque organizados ilegalmente por Zelaya desde el amparo “diplomático” de la Embajada (¿puede haber embajada con ruptura de relaciones?) de Brasil que le ha servido de plataforma y amparo para conspirar contra el Gobierno y desde la que ha violado todas las normas del asilo diplomático al convocar a revueltas civiles y “ofensivas finales” que nunca se producen ni se producirán porque el pueblo hondureño apoya el retorno de la democracia, pero no que Zelaya se quiera perpetuar en el poder indefinidamente como sus amigos del Alba en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Honduras apoya a la democracia, pero rechaza las intenciones de Zelaya, auspiciado por Chávez y Lula, de perpetuarse en el poder para siempre.
El 16 de noviembre de 1979, la democracia retornó a Bolivia, los militares que habían permanecido agazapados durante dos semanas en el Palacio Quemado tuvieron que salir por la puerta de atrás para evitar al pueblo enardecido que pedía la cabeza de Natusch en plena plaza Murillo. Las negociaciones entre el Congreso, la Iglesia Católica, los partidos políticos y los militares golpistas fueron muy difíciles y con la bayoneta en la cabeza de los negociadores civiles, pero finalmente se impuso la fuerza de un pueblo que había sido masacrado, pero que no había perdido sus ansias democráticas y sus deseos de vivir en libertad.
Quizás en Honduras, se requiere una negociación con todos los actores políticos involucrados en la crisis (tal vez, diálogo auspiciado por la Iglesia Católica) para devolver la democracia, la confianza y la dignidad a esa nación centroamericana. Ojalá que no haya un 17 de julio en el proceso de Honduras y la democracia se consolide el 29 de noviembre con las elecciones que deben realizarse con el visto bueno o no de la comunidad internacional y la ascensión al mando del que resulte elegido mayoritariamente por los hondureños en las urnas.
A estas alturas tanto el Plan Arias del prestigioso presidente de Costa Rica como las dos misiones de la OEA a Tegucigalpa para tratar de resolver la crisis han fracasado, ya que en más de 120 días no consiguieron ningún resultado, principalmente porque desde el principio la OEA se parcializó con Zelaya y no hubo una intención neutral de ayudar en la resolución del problema.
Lo único obtenido hasta ahora en esas gestiones desde el punto de vista práctico, es la profundización de la crisis provocada por Zelaya y Chávez en su intento por ampliar su base bolivariana, con el agravante de que si no se resuelve la situación a la brevedad, se corre el riesgo de un derramamiento de sangre mayor que nadie desea. Los hondureños deben resolver la crisis política, como los bolivianos resolvimos la de 1979, sin intervención de ningún agente externo, desvirtuando cualquier idea de reelección de Zelaya y cualquier prorroguismo de Micheletti, conforme a la vigente Constitución hondureña y que es el origen real de esta situación.
*Iván Camarlinghi Mendoza es periodista y diplomático, catedrático de la Universidad Centroamericana (UCA).
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