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El único juicio que se le sigue es sobre la compra de una empresa reparadora de garrafas de gas natural (Sipsa), pero no se le formula aún cargos sobre el contrato con Catler, que se organizó para este efecto, con el compromiso de instalar en Río Grande, Santa Cruz, una planta separadora de líquidos (valiosos componentes energéticos) del gas natural que se exporta a Brasil.

La cuestión no ha sido tan insignificante que, a la hora del balance, no se la tome en cuenta para establecer las responsabilidades respectivas. Ramírez firmó con esa empresa accidental un contrato de nada menos por 86,3 millones de dólares, el 14 de julio del 2008, de los cuales se desembolsaron ya más de 13 millones, según informes oficiales, sin que hasta ahora haya atisbo de la instalación de la planta.

Por otra parte, actores de un soborno de $us 450 mil hablaron de que éste se hallaba destinado a Ramírez. El hecho pudo ser ignorado, si acaso los medios de comunicación no hubieran puesto en evidencia que en la operación hubo un asesinato, la de Jorge O’Connor D’Arlach, portador de aquel monto de dinero que fue llevada a la casa de presuntos familiares de Ramírez.

Se tienen, además, declaraciones atribuidas a personas comprometidas en estas acciones dolosas, en sentido de que no era el primer soborno, sino que hubo otros y que el asesinado vivía asediado por presiones incluso de gente vinculada al partido gobernante. Al interior de YPFB se dispuso una investigación, como resultado de la cual se involucró a 10 funcionarios en actos de corrupción, figurando en primer lugar Ramírez.

No se trata de que este político —dirigente de primera línea del MAS— sea sometido a injusticia alguna; lo que corresponde es que el Ministerio Público y la justicia ordinaria actúen con probidad y establezcan plenamente, sin subterfugios ni eufemismos, de que Santos Ramírez es culpable o inocente de tales cargos. Sólo de eso se trata. Y, por supuesto, que no es poca cosa.